CSIF ve amenazado el Registro Civil y alerta de la pérdida de medio centenar de empleos
El sindicato de funcionarios prevé que se supriman quince puestos en la capital, tres en los juzgados de Medina del Campo y Medina de Rioseco, y 35 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid alertó de que, en unos meses, pueden desaparecer más de 50 funcionarios de Justicia en la provincia si el Gobierno no prorroga una vez más -antes de julio- la suspensión de la aplicación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, para evitar así que entre en vigor. Esta norma supondría la desaparición de los registros civiles, tal y como se conocen hasta ahora, desde su creación en 1870. Señalaron también que sus competencias y tareas se desligarían del Ministerio de Justicia y podrían suponer el desmantelamiento de los juzgados de paz, informa Ical.
En concreto, en Valladolid se podrían suprimir 15 puestos en el Registro Civil de la capital vallisoletana, tres en los juzgados de Medina del Campo y Medina de Rioseco y unos 35 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia. En el ámbito de Castilla y León, los funcionarios afectados rondarían los 400, y en toda España el número de puestos en riesgo ascenderían a unos 4.000, muchos de ellos en los juzgados de paz que, inicialmente, se salvaron gracias al acuerdo de 2014 firmado por CSIF.
El sindicato considera «de máxima prioridad» que salga adelante una nueva vacatio leguis que permita abordar, «sin cortapisas», el nuevo modelo que debe regular el Registro Civil. En palabras de la responsable del sector de Justicia de CSIF en Valladolid, María Jesús Zamorano, «el ministro Rafael Catalá debe cumplir su compromiso de que el Registro Civil se gestione por funcionarios de Justicia». «Solo así se podrá conseguir preservar sus grandes activos: un servicio público gratuito, próximo al ciudadano y avalado por la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia. Eso sí, hay que dotar a los registros civiles del material, el personal y los medios informáticos y técnicos suficientes y necesarios», sostuvo.
A su juicio, si el Registro Civil sale de la Administración de Justicia «se puede poner en peligro la continuidad de los juzgados de paz, con la consiguiente pérdida de servicios que ello supondría para el medio rural y el deterioro en la proximidad de la Justicia, para un conjunto de población, de edad cada vez más avanzada y con dificultades para acceder a servicios básicos que deben ser garantizados».