La pericial avala que el guardia fue arrollado en la A-62 por distracción

La prueba pericial expuesta ayer en el juicio contra G.O.C., el conductor que arrolló al guardia civil de tráfico el 18 de mayo de 2016 en la A-62 a la altura de El Montico (dirección Valladolid), reveló, sin género de dudas, que el impacto contra el agente se produjo en el carril en el que el agente circulaba a velocidad «muy reducida» –obligado por la que llevaba el camión averiado que le precedía– haciendo las veces de escolta trasero del vehículo articulado al que se le había reventado una rueda. Su misión, con todas las luces de emergencia activadas, era prevenir de la existencia del vehículo pesado averiado y derivar a los vehículos a sobrepasarlo por el carril de la izquierda.

Dicho de otra forma, que solo una distracción, un despiste o una somnolencia del conductor del Land-Rover, G.O.C., fue la causa del impacto contra el agente D. A.N., de 56 años. Así lo manifestó el fiscal, tras calificar de «contundente» el informe técnico de la Benemérita.

Lo dijo tras escuchar a la guardia civil instructora del atestado, quien recalcó que en ese momento había una visibilidad de 350 metros por ser un día despejado y en un tramo recto; que el camión y los motoristas –el fallecido que iba detrás del camión averiado y su compañero, delante– llevaban los dispositivos luminosos activados, y que, sobre todo, todos los rastros y huellas en el asfalto ratificaron que el impacto de la moto se produjo en el carril derecho.

Todo ello sin olvidar que circulaba a una velocidad de «al menos de 125 km/h», según reflejó el ordenador del Land Rover analizado tras el impacto; que había bebido alcohol –dio 0,18–, y que en ese horario la densidad de tráfico era muy alta, lo que aconsejaba aún más la circulación con precaución. Pero la perito de la Benemérita también declaró algo en favor del acusado: no percibió en ningún momento que una influencia del alcohol hubiese influido en la conducción del acusado.

Miguel Ángel Romo, letrado de la acusación particular en nombre de la familia del guardia, lo expresó así: «La Guardia Civil no ha echado una mano a la familia de un compañero fallecido [por corporativismo]. El atestado, el croquis, los rastros de la moto, la velocidad a la que iba, son contundentes. G.O.C. puso todo de su parte para que se produjera el accidente», insistió el abogado.

En un juicio que sirvió para conocer que actuó el equipo de atestados de Valladolid y no el de Tordesillas –por experiencia y para evitar que entrasen en acción amigos del fallecido–; para descubrir que en 2016 no existía un protocolo para escoltar a camiones averiados, y para saber que a la Abogacía del Estado le interesaba, sobre todas las cosas, cobrar de los seguros el importe «real» de la moto que quedó «seccionada en dos», la partida se dirimió sobre un hecho crucial: si G.O.C. circulaba por el carril derecho o izquierdo.

Si fue esta segunda opción le daría margen de exculpación; si era el derecho estaba sin escapatoria, porque el motorista y el camión estaban más que señalizados, a pesar de que camión y motos circulaban entre 10 y 20 kms/h. según reconoció el camionero luso que sufrió el reventón.

despiste de un segundo

Esta marcha a velocidad muy reducida llevó a la juez a preguntar si las pesadas motos BMWde la Guardia Civil no obligan a dar ‘bandazos’ para mantener el equilibrio cuando circulan despacio, hecho que fue refutado por los agentes. El acusado aportó un testimonio que tampoco fue concluyente. Aunque en sus primeras declaraciones ante el Instituto Armado y el juzgado achacó lo ocurrido a un «posible despiste por somnolencia», ayer declaró que circulaba por el carril izquierdo. cuando llegó a la altura del motorista porque venía de adelantar a un turismo blanco y siguió en este carril al tener el camino expedito. Sí precisó que creyó reconocer a al conductor al que había rebasado al mirar el retrovisor, momento en el que pudo despistarse hasta el punto de no ver al agente D.A.N. «Fue un despiste de un segundo», aseguró.

El fiscal, la Abogacía del Estado y el letrado de la acusación particular imputan al acusado un delito de homicidio por imprudencia grave y solicitan, en el caso de las dos primeras acusaciones, una pena de 15 meses de prisión, que el letrado de la familia del fallecido eleva a dos años y medio, junto con la pérdida de vigencia del carné, además de una indemnización de 500.000 euros. La defensa interesó la absolución o, alternativamente, un delito de imprudencia leve, tres meses de multa y tres sin carné.