La Audiencia baraja el 24 de abril para el juicio de la ‘comfort letter’
El juzgado, además de los señalamientos, sondea la disponibilidad de las partes esa semana
La Audiencia de Valladolid, concretamente la Sección Segunda de lo Penal, trabaja ya en la celebración del que sin duda será uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en Valladolid, el de los avales del soterramiento –las conocidas como ‘comfort letter– que sentará en el banquillo al ex alcalde Francisco Javier León de la Riva y los que fueron sus concejales de Hacienda, Alfredo Blanco, y de Urbanismo, Manuel Sánchez, y para el que baraja el próximo martes, 24 de abril.
De no poder comenzar ese día, se quiere que sea al menos en el trancurso de esa semana, según detallan las fuentes consultadas por EL MUNDO DE VALLADOLID. Tanto es así que, a decir de estas mismas fuentes, se estaría sondeando ya a las partes para conocer su disponibilidad esos días.
En su momento, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, encargado de la investigación del caso, notificó el pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral ya se barajaba el de abril como el mes más probable para su celebración.
Ahora, las fuentes judiciales a las que ha tenido acceso este periódico, apuntan a ese día 24, o cuando menos en esa semana de abril, como la más probable, pese a que nada se ha comunicado aún a la espera, según indican, de comprobar la disponibilidad de todas las partes implicadas y, lo que es más importante, los señalamientos de la propia Sala Segunda de lo Penal.
Una vista, en la que Javier León de la Riva se enfrenta a una petición de 9 años de cárcel y 27 de inhabilitación por tres delitos de falsedad –uno por cada carta de conformidad firmada– y otros tantos de prevaricación.
Esa es la petición de la fiscal de Valladolid, Ana Valle, que eleva en seis los tres años que solicita la asesoría jurídica del Ayuntamiento de la capital vallisoletana.
Y lo mismo sucede en el caso de los ex ediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, para quienes el Ministerio Público reclama una pena de 24 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por los mismos delitos de prevaricación. Además, la Fiscalía exige que las costas se les impongan a los tres acusados a partes iguales.
En su argumentación, la fiscal sostiene que «los acusados, conocedores de las exigencias de los bancos y de las consecuencias que para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación» dieron su voto favorable, en el caso del ex alcalde además con su firma, «sin incoar expediente alguno, ni recabar el informe de la intervención o de la secretaría del Consistorio y sin conocimiento de la junta de gobierno, ni de los técnicos de las concejalías», que dependían de Alfredo Blanco y de Manuel Sánchez.
Razones de peso para la Fiscalía, que son las que le llevan a imputar tres delitos de falsedad y otros tantos de prevaricación a De la Riva y los mismos tres delitos de prevaricación a Blanco y Sánchez.