Diario de Valladolid

Denuncian que el Gobierno ‘no cumple con su obligación de proteger’ a Hyeiba

La asociación de familias de retenidas en Tinduf critica que no actúa para que la joven vuelva a Valladolid

Hyeiba hace mes y medio.-E. M.

Hyeiba hace mes y medio.-E. M.

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Alicia Calvo
Valladolid

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Sin noticias de Hyeiba ni del Gobierno, mes y medio después de que su hermana Juel denunciara que la joven española, de 22 años y de origen saharaui, permanece secuestrada en los campamentos de Tinduf por su madre biológica desde hace tres años.

La asociación de familias de mujeres retenidas contra su voluntad en estos campamentos de Argelia, denominada ‘La libertad es su derecho’, critica que el Ejecutivo central «no está cumpliendo con su obligación de proteger, defender, salvaguardar y garantizar sus derechos».

«Sigue ahí y no la han llevado a la Embajada a declarar para salvaguardar el derecho que tiene como ciudadana española», expone Elisa Pavón, portavoz de esta agrupación, que reclama que una vez interpuesta la denuncia, el 18 de septiembre, e iniciadas las acciones diplomáticas deberían «trasladar a Hyeiba a España para que declare y tenga la posibilidad de elegir sin temor ni coacciones» dónde quiere vivir.

‘La libertad es su derecho’ asesora a Juel, vecina de Laguna de Duero, Valladolid, donde vivía Hyeiba, con la misma familia de acogida que cuidaba a su hermana mayor, antes de que la joven acudiera de visita al Sáhara a ver a su familia y no regresara porque le habrían retirado la documentación, según ella misma denunció en un WhatsApp que publicó este diario.

La asociación denuncia también la idéntica situación de otras cuatro chicas españolas y para abordar el caso de dos de ellas, la propia Hyeiba El Couri y Maloma Morales, solicitó una reunión al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, con el objetivo de «conocer la estrategia del Gobierno y que conozcan ambos casos». Sin embargo, Pavón indica que no han obtenido respuesta.

Esta portavoz lamenta la falta de contacto con el Ministerio y afirma que provoca sensación de «desamparo y frustración». «Esperábamos que por lo menos el Ministerio se pusiera en contacto con Juel, es lo menos que puede esperar un ciudadano, que tu Gobierno se preocupe».

Sí recibieron una llamada inicial de la cónsul de España en Argel, aunque la comunicación se produjo con la familia de acogida de Hyeiba y no directamente con Juel, de 28 años, –según explica Pavón– pese a ser ésta la que denunció.

Según les consta, la cónsul tan sólo habría contactado con Hyeiba «telefónicamente». Algo que tanto a la hermana como a la asociación les parece insuficiente, erróneo y que no garantiza que la joven exponga su situación sin coacciones de su madre biológica y su hermano, que sería quien la vigila.

De hecho, Juel relata la airada reacción de sus parientes de sangre. «Desde que interpuse la denuncia policial por su retención ilegal, mi familia ha roto todo contacto conmigo y han obligado a mi hermana a decir, igual que a Maloma, que no quiere volver con nosotros a Valladolid, aunque la conozco y hemos hablado mucho de todo esto y sé que Hyeiba desea con toda su alma regresar a casa y salir de la vida que está teniendo allí, donde la tratan mal», sostiene.

Junto a la denuncia, incorporó varios mensajes de WhatsApp que apoyarían su tesis y en los que su hermana menor pedía auxilio porque quería volver a recuperar su «vida» en Valladolid.

Desde que este paso de Juel trascendió a los medios, su familia biológica rompió todo contacto. «Mi madre biológica me ha deseado la muerte por ser una mala hija», relata esta vallisoletana que reconoce que la falta de noticias le afecta cada vez más.

«Seguimos igual, sin saber absolutamente nada. Se lleva muy mal y lo que más me preocupa es la situación de mi hermana», comenta Juel, convencida de que Hyeiba «no ha declarado con libertad» si lo ha hecho en los campamentos, bajo influencia y presión. «Creo que está oprimida y asustada», indica.

Desde la asociación piden a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara y al Frente Polisario «un posicionamiento público respecto a la retención ilegal de mujeres mayores de edad por sus familias biológicas». Lo hacen porque consideran que «si alguien puede conseguir que vuelvan al territorio español son estas organizaciones».

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