«Las cajas fracasaron por el cataclismo inmobiliario»
El jefe del Servicio de Entidades de Crédito de la Junta dice que se gestionaron mal y exime de responsabilidad a la Administración
Alfonso Pérez Quintana, ayer en la comisión sobre las cajas.-ICAL
La principal causa del «fracaso» y la desaparición de las cajas de ahorro en Castilla y León fue el «cataclismo» que se produjo en el sector inmobiliario. Así lo afirmó ayer el jefe del Servicio de Entidades de Crédito de la Consejería de Economía y Hacienda, Alfonso Pérez Quintana, que eximió de responsabilidad a la Administración regional.
En una comparecencia de tres horas ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión y supervisión de las cajas, Quintana afirmó que la consecuencia más grave de su desintegración fue la desaparición de la Obra Social, y precisó que la Junta disponía de escasas competencias sobre la actividad financiera de las entidades.
Según dijo, la extinción de las seis cajas de ahorro de la Comunidad «no tiene su causa en las autorizaciones administrativas» que concedió la Junta, que «actuó correctamente». La principal razón fue el riesgo inmobiliario que todas ellas contrajeron, tanto en la concesión de créditos a promotores y constructores, que fue «muchísimo», como en las participaciones sociales que adquirieron en este sector y en los préstamos hipotecarios.
«A la vista de los resultados», Quintana concluyó que la gestión de las cajas «no fue acertada», algo de lo que responsabilizó a los órganos de gobierno y a los directivos.
El jefe de Servicio insistió en varias ocasiones, a preguntas de los portavoces de los grupos, en que las competencias sobre estabilidad financiera y solvencia correspondían al Estado. Las de la Administración autonómica se limitaban a un «protectorado» sobre la Obra Social, y sobre parte de la actividad de las cajas. En el ámbito de este protectorado podría situarse, a su juicio, la «orientación» por parte de la Junta para que las entidades establecieran «vías de relación entre ellas». Dicho de otro modo, el intento del Gobierno de Juan Vicente Herrera de impulsar una gran caja regional, que no cuajó «porque los consejos de administración votaron en contra».
En todo caso, este fracaso no tiene por qué haber afectado a la economía de Castilla y León, opinó Quintana a preguntas del socialista José Ignacio Martín Benito. Pero, en respuesta a este mismo procurador, dijo que la desintegración de las entidades sí fue «traumática» por la desaparición de la Obra Social, que ha supuesto una «gran pérdida» para la Comunidad.
López Quintana se refirió en varios momentos a la actuación de la Junta en relación a los créditos concedidos a miembros de los órganos de gobierno de las cajas, un aspecto en el que incidieron el procurador de IU, José Sarrión, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. El parlamentario de Izquierda Unida cuestionó en concreto las autorizaciones de los préstamos al que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, que ahora investiga un juzgado de León. Según Sarrión, estos préstamos no se adaptaban a las circulares del Banco de España. «No conozco que el Banco de España nos haya trasladado ningún caso que incumpliese la normativa vigente», fue la respuesta del jefe de servicio.
Quintana explicó, de forma genérica, que algunas cajas fueron advertidas de que determinados créditos a presidentes de entidades «podían afectar al prestigio y la buena marcha de la entidad».
A instancias de Pablo Fernández, el experto de la Junta aseguró que había informado a sus superiores de la disyuntiva que suponía que los representantes de la Administración en las comisiones de control de las cajas tuvieran, a su vez, que guardar secreto sobre las deliberaciones de estos órganos. «Lo advertí y en 2010 se eliminó esta figura», afirmó.
También expuso la necesidad de reforzar el servicio que dirigía –dotado con seis personas– porque en la época de las fusiones de entidades el trabajo «era inabarcable». Sin embargo, reconoció que no se pudo adecuar porque la dotación de puestos en la administración «no es ágil».
Respecto a las preferentes, Quintana subrayó que dependían de las autorizaciones des Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí opinó que, aunque eran «productos legales», la normativa básica del Estado debiera haber limitado su venta a los clientes minoristas, como se ha hecho con posterioridad.
Preguntado sobre si la Junta fue diligente para proteger los derechos de los clientes, tras un rifirrafe con Fernández, concluyó: «Seguro que se podía haber hecho más».