La justicia permite a la familia del funcionario continuar de ‘okupa’ en 4 chalés otros tres años

La familia de un funcionario del Ayuntamiento que desde hace 34 años ‘okupa’ cuatro chalés municipales en Parque Alameda continuará otros tres residiendo en estas casas porque así lo ha decidido la justicia, a raíz de un acuerdo alcanzado por las partes porque el equipo de Gobierno quería evitar prolongar aún más la situación y continuar pleiteando.

Los tíos y los suegros del interventor del Consistorio deberían haber dejado en 1983 estos chalés, en los que residen gratis, situados en una parcela de la calle Montes Torozos, en la zona de Parque Alameda conocida como Villa Paulita, tal y como adelantó este diario hace ya un año.

El juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid da la razón al Ayuntamiento, que aprobó a principios de este año su desalojo y demandó a los inquilinos.

Sin embargo, la corporación local se ha visto obligada a pactar una prórroga de tres ejercicios para evitar lo que podría haber sido una demora de muchos más años, dado que los ‘okupas’ estaban dispuestos a pleitear, aferrándose a que pagan los gastos corrientes, pese a que la titularidad corresponde al Consistorio y no abonan ni siquiera el impuesto de Bienes Inmuebles porque no se gira.

La sentencia reconoce que estas viviendas son propiedad municipal y estima que la familia del interventor, que se ha avenido a la demanda del Ayuntamiento, debe abandonarlas.

El acuerdo alcanzado data del pasado mes de mayo y sus términos contemplan que los ocupantes actuales continuarán en posesión de estos chalés hasta 2020, pero cumplido el plazo no será necesario «requerimiento previo» y «deberán dejar las viviendas y la finca y entregar las llaves en el Servicio de Patrimonio».

También expone el escrito rubricado por ambos interesados que los inquilinos «reconocen que la propiedad de la misma corresponde al Ayuntamiento».

En este periodo, la corporación que dirige Óscar Puente «se reserva los derechos del propietario en defensa de la propiedad», se compromete a solicitar al juzgado «la no imposición de las costas a los demandados», y los inquilinos tienen la obligación de mantener «un adecuado uso de conservación».

En caso de que se incumpla algún término, el Ejecutivo local estaría legitimado para «ejecutar inmediatamente la sentencia y proceder al lanzamiento» de los chalés en 30 días.

Esta solución pactada llega después de un largo proceso en el que los familiares del funcionario han desoído hasta tres órdenes de desalojo, dictadas por distintos equipos de Gobierno. La última tiene fecha del 9 de agosto de 2016, cuando un nuevo requerimiento les concedía tres meses para dejar esa parcela en la que residen sin que les corresponda.

Este conflicto se remonta a 1982, después de que el 10 de noviembre el equipo del entonces alcalde, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños, compró la parcela a los antiguos propietarios, JoséMaría Luelmo y Margarita Suárez.

La operación se enmarcaba dentro de un plan de desarrollo urbanístico para Parque Alameda, que se produjo más tarde, salvo en ese emplazamiento concreto.

El acuerdo de adquisición exponía que «los hijos del ofertante que ocupan las viviendas unifamiliares en esta finca deberán abandonar y dejar libre las mismas en un plazo máximo que terminará el 31 de diciembre de 1983». Pero nunca se fueron, pese a que se lo recordaron en numerosas ocasiones desde la institución local.

Ya en 2002, con Javier León de la Riva en la Alcaldía, un decreto les ordenaba abandonar las viviendas que se extienden en 5.923 metros cuadrados. Lo ignoraron sin que se tomaran medidas de ningún tipo.

Más de una década después, en mayo de hace un año, tras el cambio de color en la Alcaldía, el departamento de Patrimonio remitió una segunda notificación que recibió idéntica contestación: hacer caso omiso de ella. Lo mismo se repitió con la tercera, en agosto, pero esta vez, tras un informe de la asesoría legal que refrendaba la aprobación del desalojo, el inicio del proceso judicial por parte del Ayuntamiento deja una nueva fecha para que se marchen: 2020.