Ifema entrará con un capital de 5M€ en la Feria de Muestras de Valladolid

Agosto toca a su fin y, con septiembre, el curso vuelve a ponerse en marcha y a retomarse los asuntos que habían quedado en un cajón durante el periodo estival. La Feria de Muestras de Valladolid y su homóloga en al capital, Ifema, retomarán en unos días las negociaciones para que la institución madrileña entre en el consorcio vallisoletano, un matrimonio para el que Ifema aportaría una dote de cinco millones de euros que irían directos a sufragar la deuda que acumula en la actualidad la Feria y evitar así que el Ayuntamiento tuviera que hacerse cargo de su gestión, que se repartiría entre la Cámara de Comercio, que mantendría la participación mayoritaria, e Ifema, que entraría con un porcentaje inferior al 50%.

Según explicaron fuentes próximas a la negociación consultadas por este diario, Ifema estaría dispuesta a aportar ese montante para convertir al recinto vallisoletano en una subsede donde poder derivar parte de los eventos que acoge. Y es que el volumen de negocio que la institución madrileña mueve desde hace unos años ha hecho que los pabellones de la capital no den abasto, por lo que la canalización hacia Valladolid serviría para poder incrementar el número de eventos con la consiguiente subida de beneficios, que se repartirían entre ambas instituciones y repercutirían de forma notable en la economía de la ciudad.

De este modo, la Feria de Valladolid pasaría de tener una deuda acumulada de cinco millones de euros –la cantidad total ascendía a cerca de seis, pero las administraciones públicas que forman parte del consorcio han aportado para este año un millón en lo que prosperan las negociaciones con Ifema– a cerrar el año con sus cuentas en positivo, algo atípico en el panorama ferial español, en el que la práctica totalidad de recintos, salvo los de Madrid y Barcelona, pese a haber registrado ganancias en los últimos ejercicios, acumulan pérdidas que van desde los seis millones de euros en el caso de la feria vallisoletana hasta los más de trescientos en la bilbaína y los casi mil de la valenciana.

En estos casos, las administraciones públicas implicadas en las ferias han tenido que hacer desembolsos millonarios o asumir la deuda y gestión, tal y como marca la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como ley Montoro, que obliga, en casos de deuda acumulada en instituciones en las que estén presentes organismos públicos, a que el más próximo pase a tener el control sobre ellas, lo que, en este caso, afectaría al Ayuntamiento de Valladolid.

La feria vallisoletana está repartida en un consorcio del que forman parte la Cámara de Comercio, que, en la práctica, se ocupa de la gestión, y el Consistorio, la Diputación y la Junta, que aportan fondos para su mantenimiento y participan en la toma de decisiones –baste recordar que el inicio de las negociaciones con Ifema tuvo su origen en una conversación entre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, presidenta del consorcio ferial en representación del Gobierno autonómico, y un responsable de la institución madrileña–.

Con la aportación de esos cinco millones de euros y la entrada de Ifema en la feria vallisoletana a través de una fórmula jurídica todavía por determinar –entre las opciones que se barajan está la creación por parte de los de Madrid de una fundación o una nueva sociedad con la que pasar a formar parte del consorcio–, se diluiría la posibilidad de que pasase a depender sólo del Ayuntamiento, algo a lo que Ifema se opone por completo y que tampoco es visto con buenos ojos desde la institución municipal.

El propio regidor de Valladolid, Óscar Puente, defendió hace meses el mantenimiento del consorcio como forma «más eficaz» para gestionar la institución ferial, ya que, de depender por completo del Ayuntamiento, el funcionamiento de la Feria sería más parecido al de una administración pública que al de una empresa, como bien demuestra la contratación de los empleados, que, de adjudicarse ahora como en una compañía privada, pasaría a someterse a las limitaciones burocráticas de la normativa municipal.

EL NUEVO DIRECTOR y LA REMODELACIÓN, PENDIENTES

Con el comienzo del curso productivo en septiembre se espera también el nombramiento del nuevo director de la Feria de Valladolid tras la jubilación de Juan Useros, que ocupaba el cargo desde 2013. Ya en abril se anunció que, de 35 aspirantes iniciales, seis habían pasado los filtros y se habían convertido en finalistas para el cargo, cuyo ocupante se decidiría en el Comité Ejecutivo de la Feria. Un grupo de empresas externas de selección de personal fueron las encargadas de llevar a cabo las pruebas, pero la decisión final saldrá de la reunión del comité.

Además, y, a largo plazo, está pendiente también la remodelación de la Feria de Valladolid que plantea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde está contemplado aumentar y reformar el espacio existente mediante la construcción de una sala polivalente, equipada, multiuso y acristalada hacia el jardín que sustituya al actual Pabellón 1, que data de 1965. Este ‘cajón’ tendría una superficie de alrededor de 3.000 metros cuadrados y estaría pensada, sobre todo, para congresos, ya que podría albergar a un total de entre 1.500 y 2.000 personas. Estaría operativo dentro de tres o cuatro años y el proceso comenzaría en los próximos meses con un concurso de ideas para dar forma al proyecto, que, según las previsiones iniciales, costaría entre cinco y nueve millones de euros que también servirían para reformar el vestíbulo y el patio.

En el presente año, La Feria de Valladolid prevé que el impacto económico de sus actividades alcance los 40 millones de euros, después de que el pasado ejercicio albergara un total de 249 jornadas de actividad ferial y congresual y generase en torno a 850 puestos de trabajo indirectos.