Diario de Valladolid

El TSJ investiga a Centeno por los delitos de cohecho y prevaricación

Se declara competente ante el aforamiento del alcalde de Olmedo como procurador del PP

Alfonso Centeno, durante su etapa en la Diputación Provincial de Valladolid-EL MUNDO

Alfonso Centeno, durante su etapa en la Diputación Provincial de Valladolid-EL MUNDO

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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El cerco judicial se estrecha en torno al procurador del Partido Popular en las Cortes regionales y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) abre una investigación contra él como presunto autor de delitos de cohecho y prevaricación, durante la etapa en la que ostentó los cargos de vicepresidente de la Diputación de Valladolid y presidente de la Sociedad para el Desarrollo de Valladolid (Sodeva), dependiente de la institución provincial.

El TSJ, mediante un auto dictado el pasado jueves, 25 de mayo, se declara competente para actuar contra Centeno, quien como procurador mantiene la condición de aforado. Lo hace en virtud de un auto anterior del Juzgado número 6 de Valladolid, que a la vista de esa condición se inhibió y envió las diligencias al alto tribunal.

El procedimiento se origina, a su vez, en un testimonio entre particulares realizado en el Juzgado número 9 de Barcelona en el año 2014, a causa de una querella interpuesta por el fiscal contra directivos de Adif, Inocsa Ingeniería y Corsán-Corviam Construcciones.

Fuentes del TSJ dieron por seguro, en respuesta a este periódico, que el procurador será llamado a declarar por la existencia de indicios. Esos indicios están detallados en el informe del fiscal, que reproduce lo recogido en el auto del Juzgado de Barcelona del informe del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil: dos correos electrónicos de 4 y 12 de julio de 2007, alojados en el servidor de correo de la empresa Isolux Corsan, «cuyo contenido permite considerar» que se produjeron los hechos motivo de la investigación.

Viaje a Japón

El Tribunal investigará si Centeno realizó junto con su esposa un viaje a Japón, que costó 11.504 euros, gestionado y abonado por Isolux Corsan, entre los días 3 a 10 de agosto de 2007, cuando era vicepresidente de la Diputación de Valladolid, «sin que pueda por el momento precisarse si lo fue en razón de su cargo o a cambio o en retribución de alguna actuación concreta, extremos cuya investigación interesa», detalla el auto del TSJ.

El propio Centeno negó ayer tal extremo. «Yo ya he dado respuesta en varias ocasiones», aseguró. «El viaje a Japón lo he realizado pero lo he pagado de mi dinero». El mismo día que se supieron, por los medios de comunicación, los hechos que se le atribuyen, Centeno hizo pública una factura de Viajes El Corte Inglés que acreditaría tal pago.

«No obstante, yo entiendo, lógicamente, que la Justicia intente averiguar y comprobar, me parece lógico», añadió, pero a la vez defendió su total inocencia, y que no se produjo «ninguna irregularidad».

En cuanto a la creación de una comisión de investigación en la Diputación, que investigará todas las relaciones de la institución regional con la empresa Corsan - Corviam, y en especial las de Meseta Ski el procurador del PP y alcalde de Olmedo consideró que estas comisiones «si se utilizan para obtener un mayor conocimiento y poder comprobar que todo se ha hecho correctamente, bienvenidas sean».

El problema es «cuando se utiliza como un arma política arrojadiza que no conduce a nada». Él cree que la comisión de Diputación lo que hará será «investigar» y por eso «merece todo mi respeto», concluyó.

No fue tan elocuente, sin embargo, el portavoz del Grupo del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, que no quiso emitir ninguna valoración. «Primero tengo que conocer los hechos para dar opinión», dijo, a la vez que aseguró que aún no conocía el auto del TSJ. «Lo único que tengo son noticias de prensa y cuando tenga algo más consistente podré dar una opinión», concluyó.

En el auto emitido el pasado jueves el TSJ, además de declarar «su competencia para conocer» las actuaciones, designa instructor de las mismas al magistrado Antonio César Balmori. Este instructor no formará parte de la misma para enjuiciar la causa, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra ese auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días desde la notificación.

El documento aclara que la aceptación de competencia del TSJ «no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación judicial».

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