Anticorrupción presenta una querella por la trama eólica

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra exaltos cargos de la Junta de Castilla y León.  

La querella imputa al ex viceconsejero de Economía y ex secretario general, Rafael Delgado,  entre 2003 y 2011 por el cobro de comisiones que rondan los 80 millones por la instalación y concesión de parques eólicos, según informa El Confidencial.

El escrito del fiscal acusa también a Alberto Esgueva, ex director de Excal, y a directivos de las empresas que construyeron los parques, entre ellos de Iberdrola y a los tres hermanos dueños de Collosa. En conjunto, son 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias.

La querella ha sido presentada en Valladolid dos años después de que la Agencia tributaria denunciara un sistema de comisiones millonarias. Según la Fiscalía Anticorrupción, Delgado, hombre de confianza del exconsejero Tomás Villanueva, exigía a los promotores que desarrollaban parques eólicos “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, una participación que exigía que  fuera próxima al 40%.

Los presuntos favorecidos con esa comisión eran “empresas pertenecientes a personas que las que tenía una especial relación” Rafael delgado. Entre ellos, Alberto Esgueva, ex alto cargo de la Consejería, exsocio de Industrias San Cayetano y hermano del fundador de esta compañía. También los hermanos Llorente Muñoz, propietarios de Collosa. Anticorrupción estima que Esgueva pudo haber ganado por este sistema 47 millones.

De acuerdo con la denuncia presentada por el fiscal Tomás Herranza, ninguno de los empresarios amigos de Delgado, “con la excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico”, como lo demuestra el hecho de la permanencia de menos de un año en las entidades promotoras.

Para controlar la aprobación de los parques eólicos Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fueran competencia de las delegaciones provinciales de la Junta, sino que dependieran directamente de él. La Intervención del Estado decretó la ilegalidad de esta instrucción en un informe fechado el 16 de enero de 2017 emitido a petición de la Fiscalía Anticorrupción. De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y león entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa “avocación” a  los viceconsejeros. El 71% los resolvió Delgado y el 23% sus sustituta Begoña Hernández.

La Fiscalía Anticorrupción cita cinco ejemplos de actuaciones ilegales de Rafael Delgado. Se trata de promociones eólicas en las que los dueños acabaron cediendo megawatios a empresas locales para conseguir autorizaciones.