Valladolid destapa un fraude de 2 millones por impago de tributos

El Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento destapó en 2016 un fraude fiscal que asciende a dos millones de euros, 2.002.182 euros para ser exactos, por debajo de los 2.160.000 euros de 2015, pero el doble que en 2014.

El Ayuntamiento pone en marcha todos los años una campaña en busca de los morosos que tratan de evadir sus responsabilidades con el fisco municipal, campaña que el pasado ejercicio se saldó con 888 actas por impago de tributos -algunas proceden de expedientes abiertos el año anterior- y la apertura de otros 442 expedientes sancionadores.

En ese rastreo, la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística y el Colegio Notarial fue clave para descubrir a los morosos del impuesto del incremento del valor de los terrenos, más conocido como el impuesto de plusvalías, el que más dinero reportó a las arcas municipales tras la campaña de inspección.

Es un tributo que grava la transmisión de inmuebles o de terrenos, bien sea por herencia o por venta, y se autoliquida por parte del beneficiario. Pero no siempre ocurre así. El Servicio de Inspección Tributaria detectó 445 morosos que se ahorraron 672.137 euros por este impuesto y a los que ahora el Ayuntamiento reclama el pago. Para dar con ellos, la Inspección Tributaria municipal comparó los datos de fallecimientos en Valladolid aportados por el Instituto Nacional de Estadística y las transmisiones registradas en el Colegio Notarial con los expedientes de plusvalías iniciados en el Servicio de Ingresos del Ayuntamiento. El cruce de estos datos permitió descubrir a los que no habían legalizado la transmisión del inmueble o de los terrenos y al levantamiento de las actas correspondientes.

Por su cuantía, 249.395 euros, el segundo tributo con más morosidad fue la tasa por aprovechamiento de suelo y subsuelo por parte de empresas explotadoras de suministros. El elevado importe corresponde a una sola acta levantada contra la empresa Iberdrola para liquidar el importe por la parte de la línea eléctrica alquilada a otra compañía. Un supuesto en el que, según el concejal de Hacienda, Antonio Gato, «el Tribunal Supremo deja claro que hay que cobrar la tasa a la empresa titular, no a la arrendataria de la línea».

Habitual también cada año es la inspección para localizar vados que no pagan la tasa por entrada de vehículos. Aquí la investigación va por barrios y el pasado año arrojó como resultado la existencia de 340 vados que no pagaban la tasa por un importe total de 82.000 euros.

El descenso más llamativo en la morosidad se notó en el pago de la tasa por ocupación de vallas publicitarias. De los 700.000 euros que afloraron en 2015 se pasó a 48.000 en 2016.

Tan abultada cifra en 2015 se debió al cobro del canon que la empresa adjudicataria de las vallas publicitarias no había abonado al Ayuntamiento. Regularizada la situación, la cantidad a liquidar por esta tasa se redujo de forma drástica el pasado año.

De las 888 actas firmadas, en 189 casos los afectados mostraron su disconformidad, un requisito necesario para poder interponer luego recurso.

A la vista de los datos y del importe liquidado por impago de tributos, el concejal de Hacienda destacó la mayor efectividad de la inspección fiscal en los dos últimos años en comparación con la etapa de gobierno anterior. «La liquidación se ha duplicado», dijo el titular del área y añadió que la labor de inspección persigue «que pague todo el mundo y que los contribuyentes que cumplen puntualmente no se vena en peor situación que los que no cumplen».

De hecho ya está preparada la campaña de inspección para este año, que se centrará en el impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, el tributo que más dinero deja en las arcas municipales.

Pero también se analizarán los ingresos por el Impuesto de Construcciones y Obras, el ICIO, el tributo que se paga tanto por una edificación nueva como por la realización de obras en la vivienda. El concejal de Hacienda está convencido de que «se están dejando de ingresar cantidades por la realización de la obra definitiva» y es ahí donde pondrán el acento este año.

Objetivo también será la vigilancia sobre las promotoras inmobiliarias vinculadas a entidades financieras para controlar que declaran las operaciones que realizan y la inspección pondrá la lupa en la exención para los vehículos por minusvalía del titular. Gato recuerda que es la exención con más beneficiarios, 7.000 , y sospecha que en algunos casos los usuarios no son los propietarios y se aprovechan de la circunstancia.

También el impuesto de vehículos se presta a la picaresca y está en la lista del Servicio de Inspección Tributaria. Existe la constancia de que son muchos los empadronados en la capital que pagan el impuesto de vehículos en algún municipio del alfoz por ser más barato, una posibilidad que Gato atribuye al hecho de que «la Dirección General de Tráfico no pide el certificado de empadronamiento del titular del vehículo».

Aunque ya preparada, la nueva campaña de inspección tendrá que aprobarse antes en la junta de gobierno del Ayuntamiento.