Crecen un 36% las familias que piden la ayuda de emergencia municipal
El pasado año fueron 2.511 las que solicitaron una prestación para necesidades básicas como el pago de la calefacción, la luz o el alquiler / Hay 250 personas en espera para recibir la ayuda a domicilio
Rafaela Romero presenta la memoria de Servicios Sociales.-E. M.
Puede que la crisis económica que azotó el país parezca ya lejana, pero el número de familias que solicita las ayudas de emergencias del Ayuntamiento para situaciones de necesidad aumenta cada año. En 2016 fueron 2.511 las que recurrieron a esta especie de salvavidas económico para pagar servicios básicos, un 36% más que el ejercicio anterior, a las que se destinó una partida de 1,5 millones de euros.
Los datos, recogidos en la memoria de la concejalía de Servicios Sociales presentada ayer, revelan que existe una importante bolsa de hogares vallisoletanos en riesgo de pobreza. Es una pobreza oculta, que aflora cuando las familias se deciden, y no ocurre siempre, a solicitar la ayuda de al administración; en este caso del Ayuntamiento.
De las 2.511 que lo hicieron el pasado año, el mayor número, 1.067, solicitaron la prestación que se concede por pobreza energética, una cantidad que varía entre 200 y 800 euros destinada al pago del recibo de la luz o la calefacción.
Son 400 familias más que en 2015 las que pidieron esta ayuda, que ya existía con el PP, pero que el nuevo equipo de gobierno hizo compatible con la percepción de otras prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía y simplificó la tramitación.
Las ayudas de emergencia están pensadas para cubrir una necesidad de forma coyuntural y, además del pago de la factura energética, se conceden para manutención, para la compra de enseres básicos de la vivienda o para el pago de la hipoteca o del alquiler de la vivienda, las otras dos causas más frecuentes de solicitud de esta contribución económica que ofrece el Ayuntamiento.
Las familias que el pasado año recibieron ayuda para el alquiler fueron 907, mientras otras 166 necesitaron que se les echara una mano para pagar la hipoteca.
Otros tres datos más corroboran la existencia de una bolsa de necesidad importante en Valladolid: las 634 familias que recibieron una prestación para el pago del comedor escolar, las 308 que necesitaron ayuda para el cuidado de sus hijos el primer año de vida y 235 más que recurrieron al Ayuntamiento para afrontar los gastos escolares.
A la vista de las cifras recogidas en la memoria, la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, advirtió de la necesidad de estar «alerta ante las nuevas bolsas de pobreza que se están generando» y añadió que «hay que empujar para que estas personas salga de esa situación». En este contexto, recalcó la partida de 1,2 millones de euros para la formación de empleo, de la que se beneficiaron 272 personas, mientras otras 1.761 recibieron asesoramiento. Romero matizó, sin embargo, que Valladolid «está envejecida, no empobrecida».
Yel colectivo de personas mayores y dependientes fue el destinatario de un porcentaje importante de los 22,5 millones de euros del presupuesto de la concejalía, 2,8 millones más que en 2015. Valladolid cuenta con unos 73.000 mayores de 65 años y uno de cada cinco, 15.368, vive solo. En el caso de los mayores de 80 años, son 22.251, de los que 7.334 viven en soledad. La ayuda a domicilio para mayores llegó el pasado año a 2.934 personas por un importe de 5,8 millones de euros, aunque 350 siguen en lista de espera para acceder al sistema de dependencia y recibir alguna de las variantes de esta prestación: atención personal, la más demandada, servicio de limpieza, comida a domicilio, canguros o lavandería.
Romero destacó, entre los datos recogidos en la memoria, las 34.000 personas que pasaron por los centros de acción social del Ayuntamiento, 11 de cada 100 vallisoletanos, y los 31.063 socios de la red de centros para mayores.
El balance del pasado año incluye otras 315 personas atendidas en el programa de indomiciliados, 50 menos que el año anterior, y otras 150 familias en riesgo de desahucio que pasaron por la oficina de asesoramiento que tiene el Ayuntamiento para estos casos.
La concejala reiteró una queja habitual contra la Junta de Castilla y León, titular de las competencias en materia social, pese a lo cual su aportación «no llega al 50%» frente al 55% del Ayuntamiento.