La fiscal pide volver a imputar a Blanco y Sánchez por el aval del soterramiento

Marcha atras. La Fiscalía de Valladolid recurre la decisión del Juzgado de Instrucción numero 4, que investiga la causa por la firma del aval de la deuda de 400 millones del soterramiento de la capital por parte del ex alcalde Javier León de la Riva, y solicita que se vuelva a señalar como investigados – antes imputados– al concejal del PP, Alfredo Blanco, que era el edil de Hacienda con De la Riva, y al ex edil de Planificación, Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez.

En el recurso, que acaba de presentar ante el Juzgado y por el reclama se anule el sobreseimiento de la causa para Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, «a la vista de la documentación aportada por la representación del Ayuntamiento», la fiscal Ana María Valle entiende que «no puede darse por terminada la fase de instrucción», tal y como concluyó el magistrado que en su reciente escrito de resolución ordenaba el fin de la investigación y la inmiente apertura de juicio oral, pero sólo contra el ex alcalde dejando fuera de la causa al hoy concejal del grupo popular en la oposición y al ex edil de Infraestructuras.

Algo que también se rechaza desde el Ministerio Público, a la vista del recurso presentado y al que ha tenido acceso EL MUNDO DE VALLADOLID. En el mismo no sólo recurre el sobreseimiento de la causa, sino que solicita que Alfredo Blanco y Manuel Sánchez vuelvan a ser llamados a declarar en calidad de investigados. Petición que hace extensiva para Javier León de la Riva.

Por contra y por lo que respecta al que fuera asesor ferroviario del Ayuntamiento, Carlos Baró, indica la titular de la Fiscalía que «se mantenga el sobreseimiento provisional».

La fiscal entiende que la documentación entregada por la asesoría jurídica del Consistorio vallisoletano «no sólo tiene relevancia para ponderar la presunta responsabilidad, en los hechos ya conocidos, de los investigados, sino que también, por sí, reúnen los elementos integradores de sendos delitos de prevaricación y falsedad documental de la misma naturaleza y características que los que han sido objeto de la instrucción».

A la vista de esa dos nuevas «cartas de compromiso» firmadas por De la Riva en julio de 2008 y septiembre de 2010, desveladas ahora por el Ayuntamiento, desde la Fiscalía se indica que se encuentra «frente a dos actos administrativos dictados por un órgano carente de competencia para ello, prescindiendo absolutamente de los trámites preceptivos y con perjuicio de la causa pública».

Documentos firmados por De la Riva, aclara el escrito de la fiscal, quien remarca que «en esas fechas los responsables de Hacienda –Alfredo Blanco– y de Planificación, Infraestructuras y Movilidad –Manuel Sánchez– eran integrantres o al menos asistentes a las sesiones del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad».

Entiende la fiscal que estas son razones más que suficientes para no dar por terminada «la fase procesal de la investigación». Y, para que eso no ocurra presenta este recurso en el que solicita que se le reclame al Ayuntamiento el «informe de la Intervención General acerca del procedimiento que debería haberse seguido para la suscripción de las cartas de conformidad de 2008 y 2010 y si el contenido de las mismas es acorde con el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento cuando se produjo su firma».

Petición a la que añade una «copia certificada de los decretos de delegación de atribuciones en los concejales de las áreas de Haciendas y Función Pública –Alfredo Blanco– y Planificación, Infraestructuras, Movilidad y Patrimonio –Manuel Sánchez, dictados por Alcaldía en 2007 y 2011».

Pero el Ministerio Público no se queda sólo en el Ayuntamiento y solicita que se le reclame a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad «certifique la identidad de los representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración de 2008 y 2010 y remita copia de las actas de las sesiones» en la que se trataron las ‘comfort letter’ de esos años.

En el escrito de la asesoría jurídica, por el que ahora reclaman la fiscal la continuidad de la investigación, se acusa a De la Riva de mentir en su declaración judicial del 22 de noviembre del pasado año, cuando aseguró que «no sabíalo que era una carta de conformidad porque hasta enero de2011 nunca había firmado una».

El equipo jurídico municipal quiere acreditar con ese documento que Javier León de la Riva firmó dos ‘comfort letter’ más anteriores a la de 26 de enero de 2011. Algo, que según el documento del Ayuntamiento, se señala en «las páginas 8 y 9 del recurso» interpuesto por Bankia el 6 de octubre de 2016 contra el acuerdo plenario que anuló ese aval firmado por De la Riva en enero de 2011.

En concreto, y siempre según el escrito de la asesoría jurídica municipal, una de las ‘comfort letter’ el ex regidor la habría rubricado el 28 de julio de 2008, con ella «avalaba un préstamo de 200 millones de euros, relacionada con la primera operación de financiación de las obras de soterramiento del tren de alta velocidad». La otra data del 24 de septiembre de 2010 y en el ella se avala «un préstamos de 70 millones de euros».

En el nuevo escrito que ahora aporta, el Ayuntamiento apunta también a Alfredo Blanco como conocedor de la existencia de estas cartas, lo que vendría a contradecir también su declaración en sede judicial, según el Ayuntamiento.

«En la página 9 del recurso, el banco afirma que existen numerosos correos electrónicos sobre la necesidad de contar con las cartas de conformidad, en los que aparece, entre otros destinatarios, el que era entonces concejal de Hacienda, Alfredo Blanco», indica el documento remitido y que ahora sirve de base a la fiscal para volver a pedir la imputación de Blanco y Sánchez.