El juez abre juicio contra De la Riva por el aval del soterramiento

«El referido documento firmado por el entonces alcalde contenía extremos no reales, falta a la verdad en la narración de los hechos y supone la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se habían producido, causando además un resultado materialmente injusto». Esta es una de las conclusiones en las que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid basa su auto para abrir juicio contra el ex alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, por haber firmado el aval de 400 millones para el soterramiento.

Pero no es la única. El escrito del magistrado, que instruye la causa contra León de la Riva por la rúbrica de la ‘comfort letter y al que ha tenido acceso EL MUNDO DE VALLADOLID, es rotundo al señalar que «la firma de la citada carta de conformidad se hizo por el entonces alcalde –De la Riva– sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto». Y todo ello, según el instructor, «a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite».

Motivos más que suficientes, entiende el juez en su resolución, para ordenar la apertura de juicio contra Javier León de la Riva bajo la acusación de los delitos de «prevaricación administrativa y falsedad documental».

En su argumentación resalta que, además de que el ex regidor firmase esa conformidad a las entidades bancarias «sin la previa autorización o conocimiento del Pleno del Ayuntamiento» como órgano competente, lo hizo «sin el preceptivo informe de la intervención municipal». A lo que hay que añadir el que se llevara a cabo «sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento», destaca el auto

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid desmonta lo que se señala en la ‘comfort letter’, en la que «se vinculaba a la corporación municipal que presidía en ese momento Francisco Javier León de laRiva, afirmando que en el documento el alcalde actuaba en nombre del Ayuntamiento de Valladolid». Algo que para el juez queda claro que no es cierto porque «ningún miembro del Ayuntamiento tuvo conocimiento de la firma del citado documento hasta octubre de 2015», cuando ya estababa gobernado por el alcalde Óscar Puente.

A todo lo señalado el auto, que el juez envía a las partes para iniciar la tramitación de la apertura de juicio oral contra León de la Riva, habla de que la ‘comfort letter’ que rubricó el ex regidor «contenía extremos no reales» y faltaba a la verdad en la relación de los hechos. Según indica daba por supuesta la intervención de los órganos competentes «que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto», afirma.

Francisco Javier León de la Riva, se sentará en el banquillo, de no prosperar el recurso que ya anuncia va a presentar y para el que tiene tres días si es de reforma y subsidiario de apelación y cinco, si se trata solo de uno de apelación.

Quienes, a la vista del escrito del magistrado salen de la causa son el concejal del PP y ex edil de Hacienda, Alfredo Blanco; el ex concejal de Urbanismo, Manuel Sánchez;y el que fuera asesor ferroviario, Carlos Baró. El magistrado archiva la causa contra los tres al entender que no está «suficientemente justificada su participación en los hechos».

Quien si parece que también tien intención de recurrir, según se indica desde la propia asesoría jurídica, es el Ayuntamiento para reclamar que se mantenga la causa al menos contra Alfredo Blanco, en base a los últimos documentos remitidos por el Consistorio a Instrucción 4, en los que se venía a demostrar, siempre según el Ayuntamiento y algo que niega el concejal ‘popular’, que Alfredo Blanco conocía y supo de la tramitación de la ‘comfort letter’ que sirvió de aval al crédito de los bancos sobre el soterramiento.

En su declaración ante el Juzgado, Javier León de la Riva, asumió la firma de la ‘comfor letter’, pero negó que supiera que eso fuera el aval del Ayuntamiento a los 400 millones de euros del soterramiento.

Por su parte, Alfredo Blanco y así lo declaró con posterioridad, aseguró que nunca declaró al juez que no hubiera oído hablar de la ‘comfort letter’. Lo que si negó y niega es que él supiera que se hubiera firmado, ni nada acerca de su tramitación. Sobre el correo que aporta el Ayuntamiento, a través de la asesoría jurídica, en la última documentación remitida a Instrucción 4, en el que se habla de esa tramitación y se le señala como destinatario, el edil del PP insiste que no es a él a quien va dirigido y que figura como destinatario, «al igual que otros 38», puntualiza.

Ahora resta esperar qué hará la Fiscalía, una vez vista esta nueva documentación que ayer mismo, en una providencia posterior al auto el magistrado ordenó remitir.