Puente y Saravia minimizan la obra en Euskadi
La Junta se lava las manos y asegura que la defensa del soterramiento compete al Consistorio
El acuerdo alcanzado entre el ministerio de Fomento y el Gobierno vasco para llevar el AVE a las capitales vascas ha suscitado distintas reacciones por parte de las instituciones y asociaciones de la ciudad. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, restó importancia al soterramiento que se llevará a cabo en Bilbao y Vitoria y recalcó que la remodelación de las vías del tren a su paso por las ciudades costará casi lo mismo que lo que adeuda la sociedad Valladolid Alta Velocidad «sin que hasta ahora se haya soterrado ni un metro de las vías del tren».
Más directo fue el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien, en declaraciones a este diario, rehusó entrar en comparaciones entre Valladolid y las capitales vascas pero manifestó que esos proyectos se basan en «aspectos especulativos». Especialmente crítico fue el responsable de Urbanismo con los planteamientos relativos a Vitoria –ciudad en la que se plantea enterrar la estación y las vías en un tramo de 2,9 kilómetros y optar por viaductos y túneles o por más tramos enterrados–, de los que expresó que le resultaban «demenciales y aberrantes».
Saravia, sin embargo, reconoció que «cada situación» es distinta y aludió a que el País Vasco tiene unos componentes políticos y económicos diferentes a los de Valladolid, por lo que evitó entrar en polémicas y se limitó a expresar que «hay que pensar en cada caso concreto».
La Junta de Castilla y León, por su parte, se lavó las manos en cuanto al soterramiento y aseguró que su defensa corresponde a los ayuntamientos implicados y no al Gobierno autonómico. Así lo indicó su portavoz, Milagros Marcos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer, al ser cuestionada sobre si la concesión de estos proyectos al País Vasco responde a las negociaciones entre el PP y el PNV para lograr que los nacionalistas den su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado. La actitud del Gobierno regional contrasta con la de su homólogo en Euskadi, que ha llevado la iniciativa en la operación ferroviaria en su comunidad autónoma.
Muy crítica fue la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, que se refirió directamente al cambio de cromos entre el Gobierno central y el PNV. «El ministerio de Fomento tiene dinero, y se ha demostrado en el caso del País Vasco», manifestó Vicente tras lamentar que «el PP no sepa solucionar los problemas si no es tirando de la chequera».
Cabe recordar que la rapidez y flexibilidad mostradas en el País Vasco por Adif contrastan con la actitud del administrador ferroviario en Valladolid. Para la capital del Pisuerga, la empresa dependiente de Fomento planteó sólo un soterramiento parcial con la estación en superficie y un coste de más de 500 millones de euros, mientras que, en Bilbao, el proyecto que tiene entre manos Adif incluye una estación soterrada a dos niveles para concentrar toda la carga de viajeros de la ciudad, tanto de Alta Velocidad como de cercanías.
Sin que todavía haya un presupuesto concreto para este complejo, las primeras cifras apuntan a que podría costar alrededor de 400 millones de euros, unas cifras similares a las que adeuda la sociedad Valladolid Alta Velocidad sin que, quince años después de su constitución y, como indicó Puente, se haya soterrado un metro de vía a su paso por la ciudad. Además, el tramo que se enterraría en Bilbao sería de 2,1 kilómetros, una longitud prácticamente idéntica a la contemplada en el proyecto de soterramiento parcial en Valladolid.
El contraste entre la actitud de Fomento con el País Vasco y con Castilla y León no se limita a Valladolid. Tanto en Palencia como en León, los proyectos originales de soterramiento se han paralizado o se han minimizado.