El ente público del agua inicia la contratación de electricidad por 4,3M€

Si prisa, pero sin pausa, la nueva Entidad Pública de pública Empresarial Agua de Valladolid, que sustituye a la privada Aguas de Valladolid en la gestión del agua, dio ayer dos pasos decisivos para iniciar oficialmente la gestión el próximo 1 de julio. Si esta figura nació en el Pleno del pasado 30 de diciembre, ayer la Junta Local de Gobierno autorizó el inicio de los trámites para contratar el suministro de electricidad por 4,3 millones de euros y aprobó las bases para contratar al gerente.

El contrato del suministro de energía eléctrica para la prestación de los servicios de abastecimiento, de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales tiene un importe de 4.351.673 euros, con una duración de 18 meses, con la posibilidad de prórroga de un año, con un valor estimado si se consumiese este tiempo suplementario de 7.252.788 euros.

La Junta de Gobierno aprobó, asimismo, las bases para la selección del gerente del nuevo ente, cuya retribución será en torno a 70.000 euros anuales, de acuerdo al acuerdo alcanzado en el Pleno del 12 de enero de 2016 sobre las retribuciones de los máximos altos cargos de fundaciones y empresas públicas municipales.

Este baremo de referencia estable dos grupos, el 1, para entidades con más de 100 trabajadores, caso de Auvasa y la Fundación Municipal de Deportes, y el resto, incluido el nuevo ente del agua, como grupo 2. Los primeros tienen una retribución básica 60.000 –más un máximo el 50% de complementos– y los segundos de 47.000 euros de base, más un porcentaje similar, lo que arroja los citados 70.000 euros anuales.

Los dos avances para poner en marcha la gestión municipal del agua se produjeron un día antes de que el Pleno del Ayuntamiento, rechace hoy con los votos a favor del PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede –y, previsiblemente el voto en contra de PP y del concejal Jesús Presencio y la abstención de C’s–, los recursos planteados al acuerdo de aprobación de la nueva gestión remunicipalizada del agua, el pasado 30 de diciembre. Los recursos fueron interpuestos por la hasta ahora concesionaria, Aguas de Valladolid, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid.

Aguas de Valladolid pidió la suspensión del acuerdo del 30 de diciembre alegando perjuicios de «imposible o difícil reparación». Pero el informe de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, tumba el recurso alegando que el proceso de remunicipalización ha seguido un trámite impecable de información pública y de aprobación por los órganos municipales.

«Por el contrario, lo que produciría la suspensión del acuerdo es que el servicio obligatorio no podría gestoniarse de otro modo que ampliando el plazo legalmente vecinos con la concesionaria, que continuaría percibiendo los beneficios asociados a la gestión. El verdadero efecto que persigue Aguas de Valladolid con la suspensión es el beneficio», concluye el informe.

El informe municipal, según avanzó la Ser, echa por tierra cada uno de los argumentos de la empresa privada, que incluso reclamaba un «trato preferente». El Consistorio sostiene que Agualidad no tiene «más derechos» que otros operadores a ser llamados al trámite de audiencia, todo ello tras recordar que, además, «ha vencido el plazo» para esta atención.

Y recuerda que el Ayuntamiento de Valladolid defiende la gestión pública integral del ciclo del agua por criterios de «eficiencia» y «sostenibilidad».

El servicio sostenible con las tasas

Presupuesto de 14, 3 millones . El consejo de administración del ente público del agua aprobó un presupuesto de julio a diciembre de 14,3 millones de euros –el PP se opuso al considerar excesivo que 6 de esos 14 millones estén subrogados– y para dar luz verde a la petición de un anticipo de crédito, hasta que el cobro de tarifas genere ingresos. También se acordó congelar la tarifa en 2017 y aplicar subidas a partir de 2018 en función de las inversiones que se acometan para renovar la red, en torno a 15 millones anuales –el coste de la renovación es de 96–.

Servicio «sin beneficio» . La concejal María Sánchez insistió ayer que el servicio no va a costar al municipio, ya que «va a recibir lo que los ciudadanos pagan por la tasa trimestral para que se preste correctamente y para que se renueven las infraestructuras. Ya no habrá un beneficio para la empresa privada que lo gestiona, y no se destinará parte del recibo a otros fines. No es cierto que el Ayuntamiento o la entidad pública se vaya a endeudar en 15 millones. No se va a solicitar un préstamo», recalcó la edil.