Agualid advierte al Consistorio de que la remunicipalización es ilegal
Presenta alegaciones en las que sostiene que su aprobación mañana en pleno es «contraria a derecho» y amenaza con llevar al Consistorio a los tribunales
Un grupo de operarios arregla un reventón en una de las tuberías de la red de abastecimiento.-EL MUNDO
Una piedra se ha interpuesto en el camino del gobierno municipal para lograr la remunicipalización del agua. La empresa Aguas de Valladolid (Agualid), encargada desde 1997 de la gestión de este servicio –abastecimiento, saneamiento y depuración–, registró el día 24 en la Administración un escrito de alegaciones de más de cincuenta páginas dirigido al pleno extraordinario de mañana –donde, a todas luces, se aprobará la medida– en el que advierte al Ayuntamiento de la ilegalidad de su propuesta y amenaza con llevarle a los tribunales si persiste en su empeño de retomar la gestión pública tras veinte años privatizada.
En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, la empresa concesionaria arremete contra la decisión del equipo de gobierno y señala que «en los términos formulados, el establecimiento de la gestión directa del agua sería gravemente contraria a Derecho», afirmación que sustenta en una serie de alegaciones.
Agualid sostiene que, «pese a haberlo solicitado», no ha podido intervenir de ningún modo en el proceso de decisión pese a que ésta incurre en sus «intereses legítimos». En el documento, la entidad reclama al Consistorio que reconozca su condición de «interesada» y critica la «falta de transparencia» por parte del equipo de gobierno sobre si, con el pleno de mañana, se pretende aprobar ya la gestión directa del servicio, situación que la empresa califica de «inaceptable».
El procedimiento administrativo de la remunicipalización es otro de los puntos en los que la actual prestadora del servicio encuentra irregularidades jurídicas que invalidarían la conversión. Agualid asegura que la comisión de estudio que elaboró la propuesta no cumple la normativa vigente al no contar, entre sus miembros, con ningún representante de los usuarios.
En esta línea, la empresa arguye también que «la aprobación de la gestión directa» supone un monopolio municipal «a favor del Ayuntamiento y en contra del mercado». Y, siendo así, la aprobación en el pleno no tendría ninguna validez legal si sólo se aprueba allí con una mayoría absoluta. Necesitaría también de otros dos pasos: la aprobación del régimen de monopolio por el órgano competente de la Junta y el informe a favor del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.
En su argumentario,Agualid tira también del propio informe del interventor del Consistorio, el único documento al que afirma haber tenido acceso. La empresa parafrasea al funcionario y asegura que el Ayuntamiento no demuestra, en ningún momento, que la gestión directa ofrezca unas ventajas económicas claras respecto a la privada. Y aún va más allá, esgrimiendo que la dependencia pública repercutiría en «más riesgos y dudas para las obligaciones de estabilidad presupuestaria» del servicio.
En relación a este aspecto, la empresa arremete contra la polémica figura de trabajadores indefinidos no fijos que el equipo de gobierno ha defendido como solución para la plantilla. La etiqueta de indefinido no fijo, sostiene Agualid, es una creación «de necesidad y carácter transitorio destinada a paliar situaciones anómalas», un hecho que desemboca en «consecuencias jurídicas negativas y perjuicio a la estabilidad laboral». De esta forma, los 159 trabajadores con los que cuenta la empresa en la actualidad no pasarían a ser empleados públicos, sino que se les consideraría como personal a extinguir.
Si la empresa pública decidiese convocar un procedimiento para ocupar las plazas ocupadas por los trabajadores indefinidos no fijos, «aquellos que no se presentasen o no superasen el proceso selectivo» perderían su trabajo.
Además, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la empresa pública podría ocupar las vacantes, reponiendo los empleos perdidos, pero no incluir nuevos puestos, por lo que, de necesitar empleados adicionales, no podría suplirlos, una situación que conllevaría un perjuicio en la prestación del servicio.
El último punto en el que Agualid encuentra un conflicto legal es la conversión de las tarifas en tasas que recaudaría directamente el Consistorio. Esta fórmula, que el gobierno municipal defiende como una de las ventajas que supondría la remunicipalización del servicio, ha sido objeto históricamente de controversia, según afirma la empresa en el texto dirigido al pleno. La empresa considera que, en la actualidad, «este debate sigue siendo objeto de controversias por la doctrina y los Tribunales de Justicia», por lo que insta al Ayuntamiento a no adoptar decisiones municipales de calado sobre la base de una cuestión controvertida jurídicamente y alega que «en los próximos tiempos, se terminará comprobando que las tesis sostenidas por el gobierno municipal no eran correctas».
Si, en vista de estas alegaciones, el equipo de gobierno aprueba mañana la remunicipalización del servicio del agua, Agualid asegura que emprenderá acciones legales, una amenaza que podría retrasar la aplicación de una de las medidas más arriesgadas de esta legislatura.