«Hay que prohibir las puertas giratorias a los jueces»

Jubilado de la vida académica y del mundillo político, Francisco Sosa Wagner se «entretiene» escribiendo de historia, de derecho. En su último libro denuncia la «perversión» del modelo judicial y receta tres reformas para acabar con la politización de la justicia. ‘Dispara’ contra la elección discrecional de la élite judicial, contra las puertas giratorias y el aforamiento de políticos.

P .– Su último libro denuncia la perversión del modelo judicial bajo el título: La independencia del juez: ¿una fábula? Yo añadiría ¿una quimera? ¿Ha existido alguna vez en España un poder judicial independiente?

R .– Ni un solo día. Desde la Constitución de 1812 hasta ahora, ha sido un intento vano. Pero hablar de un pomposo poder judicial independiente no conduce a nada. Centrar el debate en si deben ser los galgos (asociaciones) o los podencos (parlamentarios) quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial es disparar sobre el objetivo equivocado. Lo importante no es tener un poder judicial con mayúsculas sonoro e independiente, lo relevante es tener jueces concretos, de carne y hueso, independientes.

P .– ¿Y lo son?

R .– Los jueces y los fiscales españoles no se merecen esa permanente campaña que existe acerca de la politización de la justicia. El juez de Astorga, el de Lugo... no sabe nada de politización de la justicia. Toda la vida del juez, su ingreso en la carrera judicial, las promociones, los traslados, los sueldos, las jubilaciones, ha seguido una regla perfectamente objetiva. Pero esta regla se rompe cuando un juez quiere llegar a la élite judicial, alcanzar el Tribunal Supremo, ser presidente de un TSJ, de una Audiencia... Su nombramiento, en este caso, es discrecional por parte del CGPJ. La interferencia, no ya política, sino asociativa, se produce sólo y exclusivamente en la élite judicial. Es muy perturbador que para ascender a las máximas categorías judiciales se tenga que pasar por las horcas caudinas de las asociaciones judiciales.

P .– ¿Cuál es su receta?

R .– Con tres sencillas reformas, que no requieren modificar la Constitución, se daría un paso gigantesco en la independencia judicial. La primera, suprimir los nombramientos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial. Hacer que los nombramientos de todos los puestos judiciales, incluidos los de esa élite, sean reglados y estén sometidos a concursos normales.

P .– ¿Cuáles serían las otras dos reformas?

R .– La segunda, prohibir tajantemente las puertas giratorias entre la justicia y la política, y la tercera, acabar con los nombramientos que hacen desde las Cortes autonómicas de magistrados que va a parar a una sala que se encarga, qué casualidad, de los delitos de los aforados.

P .– ¿’Disparan’ entonces erróneamente PP y Ciudadanos?

R .– En la medida en que focalizan el debate en los nombramientos del Consejo, sí. Ese no es el problema señores del PP y señores de Ciudadanos.

P .– Pero Europa mira la justicia de España como si de un ‘juego de tronos’ se tratara precisamente por eso.

R .– Me indigna como español porque no es así. La independencia de la justicia en España está garantizada. Sólo hay esas perturbaciones. Con lo que hay que acabar es con ese reparto de cromos entre las asociaciones judiciales. Con ese juego de ‘yo te doy al presidente de la Audiencia de Palencia’, y ‘tú me das el presidente de la Audiencia de Cáceres’.

P .– ¿Qué habría que hacer entonces con el CGPJ?

R .– El Consejo podría ser suprimido sin que eso dañase al Estado de Derecho. La prueba está en que Alemania, los países escandinavos, Reino Unido o EEUU no lo tienen. El nuestro es una pieza copiada de Italia. O, al menos, se podría reducir el número de vocales de 20, que es una barbaridad, a cinco o seis. Pero yo no quiero entrar en ese debate. Eliminarlo supondría una reforma de la Constitución, y eso son palabras mayores. Yo propongo reformas que están al alcance de la voluntad política. Si el CGPJ ya no pudiera designar discrecionalmente, lo que haga, a mí me da igual.

P .– Aunque lo considere un tema menor, ¿cómo se deberían elegir a esos vocales?

R .– Mediante un sorteo. El nombre de las 36 personas elegidas por jueces y magistrados se introduciría en una bolsa y se realizaría el sorteo. Así se evitaría la interferencia de los partidos políticos que ya no podrían decir ‘quiero a este juez’, o ‘no quiero a éste’.

P .– ¿Cree viable que sean los políticos los que prohiban las puertas giratorias cuando eso les perjudicaría?

R.– No debemos desconfiar de los políticos. Están acostumbrados a adoptar medidas que incluso les perjudican. Deberían prohibirlas o, el manos, limitarlas. Hay que establecer un periodo de enfriamiento para que no sea automático el paso del juzgado a la política y de la política al juzgado. No existe en casi ningún país. No se debería consentir que un señor esté con la cara de político o con la cara de juez en cuestión de una semana, que pase libremente de llevar un día la toga y las puñetas a estar sentado, a la semana siguiente, en un Consejo de Gobierno, y al día siguiente de nuevo en un juzgado.

P .– La existencia de aforados es la prueba del nueve de la politización del poder judicial?

R .– Sí. No es normal que un número tan desproporcionado de ciudadanos pueda huir en España del juez natural, el que le correspondería, para buscar refugio en instancias superiores. Hay que reducirlos.

P .– ¿Quiénes deberían conservar el estatus de aforado?

R .– Lo reduciría a la Familia Real, a los miembros del Gobierno de España y a los presidentes de las Comunidades autónomas, y poco más.

P .– ¿España debería mirarse en algún país?

R .– Los fallos de la llamada politización están perfectamente diagnosticados, y el tratamiento también. No es cuestión de buscar otros modelos.

P .– ¿La politización de la justicia ha tenido alguna influencia en la lucha contra la corrupción?

R .– La justicia está actuando correctamente en todos los asuntos de corrupción que están manchando la vida política.

P .– Pero es muy lenta.

R .– Si alguien sabe de algún sistema que, garantizando los derechos de las partes, administre justicia de forma más rápida, que lo diga. Que hay que echar más dinero y poner más medios materiales y personales, sin duda, pero siempre habrá un déficit porque el hambre de justicia de los ciudadanos no se puede cubrir con jueces y más jueces. Es un servicio cada vez más demandado y siempre tendrá fallos de funcionamiento.