Tobalina incide en que Economía fue quien compró la Perla Negra

El director general de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales, y el de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina, coincidieron en destacar ayer que la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, Valladolid, conocido como la Perla Negra, fue una decisión que se tomó en la Consejería de Economía y no en el consejo de administración de Gesturcal.

Ambos prestaron declaración ayer por la mañana ante el juez que instruye el caso por un presunto delito de malversación relacionado con la compra del edificio de Arroyo y del parque empresarial de Portillo.

Los dos directores generales eludieron en sus respectivas declaraciones cualquier responsabilidad y coincidieron en apuntar hacia la misma persona.

Martín Tobalina y Baeta Canales señalaron como principal responsable de las dos operaciones al entonces consejero Tomás Villanueva, según confirmaron fuentes jurídicas a Ical.

Además, en el caso de la compra de los terrenos de Portillo, confirmaron que la decisión también se tomó en la Consejería de Economía y que el delegado de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa, reclamó en el consejo de Gesturcal la elaboración de un informe jurídico sobre esta operación de compra.

Al mismo tiempo, reconocieron que la adquisición de estos terrenos formaba parte de un plan estratégico de la Junta para triplicar la superficie industrial que poder ofertar a posibles inversores en el conjunto de la Comunidad.

Según denunció en su día el Partido Socialista de Castilla y León, la Junta pagó por los terrenos de Portillo 35 millones de euros a unas empresas que había desembolsado sólo diez un año antes, lo que supuso que el valor de las parcelas pasó de tres a 20 euros el metro cuadrado.

Tanto Baeta Canales, que declaró por espacio de más de hora y medio ante el titular de Juzgado de Instrucción número dos, como Martín Tobalina, cuyo interrogatorio fue algo más breve, no quisieron hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación.

Las declaraciones continuarán hoy, jornada en la que están llamados a declarar el director general de Calidad y Sostenibilidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Manuel Jiménez Bláquez, y al ex director general de Economía y ex presidente de ADE, Javier Rodríguez Segovia.

Para el viernes, día 10, está previsto que declare Francisco Javier de Andrés Guijarro, secretario general de la Consejería de Hacienda.

Esta investigación se inició en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. Denuncia que en diciembre se amplió a más ejercicios y en la que se apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 % en el precio inicial de los terrenos.