El juez decreta juicio oral contra los 14 acusados de manipular el PGOU
El ex concejal García de Coca y tres altos cargos de Urbanismo se enfrentan a penas de cuatro años de prisión cada uno / El juez sostiene que los hechos investigados «revisten los caracteres de delito»
García de Coca, a la derecha, con su abogado tras declarar en enero de 2013.-J. M. Lostau
Los 14 imputados por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, de 2008 están más cerca de sentarse en el banquillo. Siete años después de que el PSOE presentara la denuncia al detectar cambios en el articulado y en los planos del texto, y tras dos años de instrucción, el titular del juzgado de instrucción número uno, José María Crespo, en un auto del pasado 22 de enero, decreta la apertura de juicio oral contra los 14 acusados en el que se presume será uno de los juicios del año en la Audiencia Provincial.
El juez, en su escrito, notificado a las partes el pasado 29, sostiene que los hechos investigados «revisten los caracteres de delito» y añade que de las diligencias practicadas en estos dos años de instrucción «resultan méritos suficientes para exigir responsabilidad penal a los imputados», entre ellos.
Tras la decisión del juez falta ahora esperar que se concrete el día y la hora para el comienzo de un juicio que tiene entre sus imputados al concejal de Urbanismo en 2003, Juan Antonio García de Coca, al director del Área de Urbanismo entonces, Modesto Mezquita, al coordinador del área, Luis Álvarez Aller, y al ex jefe de Planeamiento, José Luis Cerezo.
Para los cuatro el ministerio fiscal solicita penas de cuatro años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y de tráfico de influencias, además de la inhabilitación por un periodo de 43 años para García de Coca y de 27 para Mezquita y Álvarez Aller y multa de 34.000 euros para cada uno de ellos por cuatro delitos de prevaricación y uno contra el patrimonio histórico. En el caso de Cerezo, el fiscal solicita 19 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
La Fiscalía sostiene que estos cuatro acusados habrían manipulado una serie de artículos y mapas del PGOU antes de publicarse el texto en el Boletín de Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en beneficio de los intereses urbanísticos de algunas empresas y particulares. El ministerio público añade en su escrito que, movidos por esta finalidad, «pero no siendo suficiente dotarla de un ‘marco legal’, recurrirían en provecho de determinadas personas y empresarios, aprovechando el control que ejercían en el ámbito de la Concejalía y el Área de Urbanismo, a manipular determinados artículos de la normativa y planos, para posibilitar de aquellos la obtención de un mayor rendimiento económico en sus actividades inmobiliarias».
Además de estos cuatro acusados, que concentran las peticiones más elevadas, el fiscal solicita 2 años y medio de prisión, 18 meses de inhabilitación y 4.500 euros de multa para Gonzalo Jolín Garijo, Ramón Herrero Merino, Lino Collazos, Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado. Son las cinco personas a las que la Audiencia extendió la imputación como inductores de un delito de falsedad y tráfico de influencias.
Herrero Merino adquirió en 2002 unos terrenos en la Avenida Madrid que vendió a Vallenava Capitol en los que los cambios del PGOU permitieron incrementar la edificabilidad de 9 viviendas a 124. Para los hermanos González Torres y José Luis Mayordomo (socios del grupo Capitol), 8 meses de cárcel y multa del tanto de beneficio que se pretendía obtener, por tráfico de influencias.
En el caso de Jolín Garijo, vendió parcelas a Vallenava Capitol y Área Especial con condiciones que anticipaban los cambios del PGOU.
En cuanto a Pilar López Mazariegos,
administradora de Japybe SA, y Francisco Capellán Barbado, administrador de Sacedón Patrimonial, ambos querían que la antigua harinera La Perla pudiera cambiar su uso a hotel y «su interés se vio cumplido -en esos momentos iniciales- por las vías subrepticias».
Por lo que respecta a Lino Collazos, era secretario de la Fundación Emilio Álvarez, propietaria de los
terrenos en la calle José María Lacort en los que estaba Cáritas, que
pasaron de ser suelo urbano no urbanizable a urbanizable.
Los empresarios imputados por este caso son José Ángel Astorga y Roberto Pastrana, socios de Parkosa, para los que el fiscal pide 2 años de cárcel para cada uno por tráfico de influencias, además de multa del duplo del beneficio obtenido.