Sanidad
La plataforma de Hepatitis denuncia la falta de tratamientos en Villanubla
Señalan que la única opción para los reclusos enfermos es solicitar el cambio de centro a Madrid
Recogida de firmas en la Plaza Fuente Dorada dcon la presencia del escritor Gustavo Martín Garzo.-J. M. Lostau
La Plataforma de Afectados de Hepatitis C de Valladolid acusa a Instituciones Penitenciarias de no administrar los nuevos tratamientos contra esta enfermedad a los reclusos del centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid, ni tampoco del de Dueñas, en Palencia.
La Plataforma mantiene contacto con reclusos y con sus familiares y asegura haber contrastado esta falta de asistencia «con profesionales» de Sanidad, preocupados por el déficit de dispensación de dos de los medicamentos de nueva generación que en los últimos tiempos han revolucionado la esperanza de vida de los enfermos.
La portavoz de la plataforma de Hepatitis C en Valladolid, María José Gómez, y la palentina Sandra González –centrada en la campaña en favor de la población reclusa– afirman que tienen en su poder cartas «desesperadas» de reclusos de las prisiones de Palencia y Valladolid.
Acusan a Instituciones Penitenciarias de quebrar «el derecho a la salud que refleja la Constitución», ocultar el número y la gravedad de los enfermos bajo su custodia e impedir que estas asociaciones accedan a los centros para dar charlas informativos.
«En Valladolid y Palencia los tratamientos son cero», insisten Gómez y González, sobre una población reclusa de 2.200 presos. Tampoco manejan mejores datos en el resto de Castilla y León e insisten en que sólo hay ocho tratamientos activos para cerca de 5.000 reclusos.
La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria deduce que el 22,5% de los presos padecen la hepatitis C (VHC) por lo que el cupo en la Comunidad sería de 1.100 presos enfermos.
Con estas cifras, las plataformas de afectados consideran los tratamientos activos en la Comunidad como una contraprestación «totalmente insuficiente».
Esa misma sociedad advertía, ya en noviembre de 2014, de la falta de equidad nacional de los tratamientos en los centros penitenciarios según la si la comunidad autonóma tenía o no competencias dentro de su funcionamiento, lo que no es el caso de Castilla y León.
De hecho, las plataformas de Valladolid y Palencia valoran aún peor la actitud de Instituciones Penitenciarias, ya que, a su juicio, se han desmoronado las dos excusas que desde este departamento del Ministerio del Interior se arguyeron para no asumir los costes del tratamiento.
El primero de ellos era que el gasto de esos tratamientos correspondía a las comunidades autónomas y en el caso de Castilla y León, el Sacyl, algo en lo que las aludidas no estaban de acuerdo.
La disputa acabó en los tribunales y fue el juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Valladolid quien determinó que la administración de esos medicamentos era de «uso ambulatorio porque la triple de las terapia contra el VHC no requiere ingreso hospitalario y los pacientes la pueden tomar en sus domicilios» y que, en cualquier caso, diferenciaba entre quien debía administrar el tratamiento y quien debía pagarlo. Esto último correspondía a Instituciones Penitenciarias y, por tanto, al Ministerio del Interior.
Interior arguyó que no tenía entonces una partida presupuestaria que, por fin, fue aprobada para este año con 20 millones de euros, más otros 7 de reserva.
Sacyl se ofreció a sumir los tratamientos si Instituciones Penitenciarias asumía la factura. La Plataforma de Afectados señala que, sin embargo, sólo se ofrece a los presos el traslado a las cárceles de Madrid para que reciban el tratamiento en la Comunidad madrileña, en el centro de referencia, el hospital Gregorio Marañón.