Los trabajadores de Tragsa denuncian que el ERE coincide con la previsión de beneficios en 2015
La plantilla acuerda una huelga general en la empresa para el 26 de enero
El presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando, junto con el delegado sindical de CSI-F Castilla y León en Tragsa, Arturo Peñín visitan a los trabajadores de Tragsa-Ical
El delegado sindical de CSI-F Castilla y León en Tragsa, Arturo Peñín, denunció hoy que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa pública coincide con el anuncio de que la compañía cierre el ejercicio de 2015 con beneficios. Unas cuentas económicas provisionales que son positivas tanto en el ámbito nacional, como autonómico. Precisamente, el comité de empresa de Tragsa había denunciado en varias ocasiones que la dirección incumplía la ley de transparencia al mantener su negativa a facilitar a los trabajadores cualquier tipo de información sobre la situación económica de la compañía.
Peñín, que compareció ante los medios con motivo del encuentro con el presidente autonómico del CSI-F, añadió que la empresa mantiene más de 400 contratos eventuales al no existir suficiente personal en plantilla para sacar adelante la carga de trabajo. “No tiene sentido despedir a 59 trabajadores estables en la Comunidad para sustituirlos por eventuales o por subcontratas”, aseveró.
CSI-F denuncia que los 59 despidos de trabajadores fijos de Tragsa, efectivos hasta ahora, se convertirán en contratos temporales que incrementarán el porcentaje de eventuales de la plantilla, que ahora está en el 40 por ciento. El sindicato prevé que lo mismo pasará con los demás despidos que se produzcan, por lo que la tasa de temporales seguirá en aumento.
El presidente de CSI-F Castilla y León, Carlos Hernando, denunció, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, el “acoso total, con alevosía, premeditación y nocturnidad” que sufren los trabajadores de Tragsa, que ha planteado un ERE con 1.300 despidos, de los que 180 corresponden a la Comunidad. De momento, la empresa pública ya ha ejecutado 59 de una plantilla de unos 1.200 empleados.
Presión de la Junta
Hernando criticó que la dirección de la empresa no comunicó con antelación los despidos de los trabajadores que se enteraron de su situación al recibir el finiquito el día de Nochebuena mientras disfrutaban de sus vacaciones. El responsable regional recordó que el presidente nacional de CSI-F ha mantenido contactos ministeriales en Madrid para exigir la paralización del expediente de regulación. En el mismo sentido, Carlos Hernando pidió a la intermediación de la Junta de Castilla y León para presionar al Gobierno central para que la plantilla de Tragsa y Tragsatec continúe con su labor en la compañía. A su juicio, no es entendible en una empresa con más de 30 años de antigüedad, que funciona bien, tiene carga de trabajo y no acumula déficit.
El ERE de Tragsa se aplicó después del fallo del Tribunal Supremo después de un largo litigio judicial. Peñín recordó que el expediente arrancó hace dos años cuando la situación económica era muy diferente a la actual. Los despidos en la empresa motivaron el inicio de las movilizaciones en las instalaciones de Valladolid, además de continuar con más protestas como la convocatoria de una huelga general en toda España para el próximo 26 de enero y una concentración ese mismo día en Madrid. “Nuestro objetivo es revertir esta situación y que todas las personas despedidas ocupen sus puestos de trabajo y retomen sus máquinas”, manifestó el delegado.