El PP fuerza un informe jurídico sobre los comedores escolares

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento dilucidarán si el contrato de los comedores escolares se ajusta a la legalidad o si incurre en alguna irregularidad, como apunta el PP, en el procedimiento seguido por el equipo de gobierno para poner en marcha este servicio el verano.

El de los dos comedores escolares, habilitados por el nuevo equipo de gobierno en julio como primera medida tras acceder a la Alcaldía en junio, era un asunto que coleaba después de que el PP pusiera en tela de juicio el procedimiento utilizado en la contratación del servicio, y ayer estalló en el pleno.

Fue un debate duro, inexplicable para el PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí se Puede por cuanto se pone en duda la legalidad de una medida adoptada para prestar ayuda alimentaria a escolares de familias con escasos recursos, pero necesario para PP y Ciudadanos para preservar la legalidad incluso cuando se trata de una actuación de carácter solidario como ésta y por una cuantía de 12.000 euros.

Y en esa línea, el PP mantuvo en el pleno someter al escrutinio del Consejo Consultivo el contrato de los comedores escolares para que fuera este organismo de la Junta, cuyos dictámenes no son vinculantes, el que se pronunciara sobre la legalidad tanto de la contratación como de la colaboración prestada por las empresas Clece y Aguas de Valladolid, que aportó 10.000 euros.

La pretensión del PP elevó la tensión del pleno. La concejala de Educación, Victoria Soto, acusó a los populares de «poner palos en la rueda» desde que decidieran prestar este servicio en los colegios Pablo Picasso y Alonso Berrugete como respuesta a la decisión de la Junta de cerrar los comedores escolares en verano. Soto aseguró, en contra de acusación de obstruccionismo y falta de transparencia del PP, que se ofreció puntual información y recriminó a este grupo por lanzar acusaciones «sin una sola prueba».

Fue el concejal Carlos Fernández el encargado de defender la posición del PP para señalar que no estaba en cuestión el objetivo de la medida pero sí el procedimiento seguido. «El derecho administrativo está para cumplirlo», dijo el edil del PP en insistió en las dudas legales sobre el fraccionamiento de un contrato menor que pasó de los 12.000 euros iniciales previstos a casi 20.000, ya un contrato mayor.Fernández recordó que pidieron un informe jurídico el pasado 9 de septiembre sin obtener respuesta, lo que prueba, según el concejal, la falta de transparencia del equipo de gobierno. El PP encontró respaldo en la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, para quien el motivo a investigar es comprobar si los niños que acudían al comedor escolar ya recibían otra ayuda, razón que les excluiría.

Una apreciación que llevó a la concejala de Valladolid Toma la Palabra Rosalba Fonteriz a mostrar su «bochorno» y sonrojo: «Me parece terrorífico que se esté debatiendo sobre 12.000 euros por alimentar a unos niños. Es indignante, de portada de periódico». Tampoco el alcalde, Óscar Puente, pudo contenerse y expresó su «vergüenza» por la actitud del PP.

Fue la portavoz del Sí se Puede, Rosario Chávez, la que al final dio en la tecla. Chávez mostró su estupor por el «celo» del PP en investigar un contrato de 12.000 euros y preguntó por qué no pusieron el mismo empeñó en los contratos del «caso Samaniego» o en el caso de los áticos «que le ha costado cinco millones al Ayuntamiento». Dicho esto, propuso, y tuvo el respaldo de todos, someter el contrato al informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y en función de las conclusiones decidirá si se va a otra instancia. El informe deberá estar en el plazo de un mes.