Absuelto de prevaricación el jefe de Control de Residuos de la Junta
Fiscalía pedía 8 años de inhabilitación por entender que paralizó un expediente de Nicas para descontaminar una parcela en Santovenia
Antiguas instalaciones de la empresa Nicas, junto a Santovenia-Carlos Arranz
El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid dictó sentencia absolutoria en el caso del actual jefe del Servicio de Control de Residuos de la Junta, Agustín B.M, para quien el Ministerio Fiscal había solicitado ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al haber demorado durante más de un lustro, a su juicio, la tramitación de un expediente de la empresa Nicas para descontaminar una parcela utilizada como ‘basurero’ de hidrocarburos en Santovenia de Pisuerga.
En su fallo, el juzgador asegura compartir la opinión de la acusación pública de que, al menos en esta materia de suelos contaminados, «parece haber una escasa voluntad política en una ágil tramitación y un evidente descontrol y hasta cierto arbitrio teñido de oportunidad en la gestión de los expedientes», si bien añade que ello no es equivalente a delinquir, y menos si nos situamos en un escalón de «nulo poder decisorio en la administración autonómica», en referencia a que el acusado ocupa un puesto de confianza pero sobre éste hay órganos de control y de dirección por encima que podían haberse interesado en la materia.
La prueba practicada--continúa el juez-- ha acreditado que no existe un control riguroso del estado de los expedientes, que tampoco existe un procedimiento con plazos pautados, que el servicio que dirige el acusado carece de los medios técnicos necesarios para llevar a cabo un trabajo diligente y que no puede decirse que esta administración de los servicios centrales de la Junta haya sido menos diligente que otras.
Pero además, el titular de Penal 3 califica de «paradigmático» que se someta a proceso penal al acusado por mantener inactivo un expediente y no se considere igualmente prevaricador el comportamiento tanto de los servicios territoriales de la Junta, por mantener su silencio desde abril de 2007, como de la propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), al no supervisar esta última desde julio de 2008 que Nicas procediera a la retirada de los vertidos.
Y es que el juzgador entiende que otros organismos «han demostrado una inactividad mayor y más recalcitrante, en el caso de los servicios territoriales, y mayor y más omisiva en la ejecución por parte de la CHD».
El jefe de Control de Residuos recordó que su departamento no pudo realizar trámite alguno hasta noviembre de 2009.