Delgado vuelve a pedir el archivo de su causa en el edificio de Arroyo

El que fuera viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y consejero delegado de Gesturcal, Rafael Delgado Núñez, uno de los principales imputados en la compra del edificio de Economía de Arroyo y del inexistente polígono industrial de Portillo, ha vuelto a pedir, por segunda vez en el plazo de cuatro meses, el archivo de la causa contra él, esta vez apelando a que el principal denunciante de la trama no le cita en sus acusaciones.

Si en el mes de julio trató de zafarse alegando que, como subordinado de Villanueva, solo acataba órdenes superiores y que, en cualquier caso, la compra del edificio de Arroyo estuvo más que justificada, en esta ocasión vuelve a pedir el sobreseimiento asegurando que la denuncia que activó el ex funcionario Jesús Carlón Ordóñez para sacar a la luz la «pésima gestión» en el caso Arroyo-Portillo no le cita. Es más, asegura que en las fechas de las irregularidades ya no trabajaba en la Consejería.

Jesús Carlón es, desde que estalló el escándalo, el único particular que ha denunciado la trama –habló de una malversación de unos 400 millones de euros–, de ahí el interés de Delgado en desvincularse del que fuera ex delegado de la empresa pública Gesturcal en Burgos y Palencia hasta el año 2009, fecha de su jubilación.

Para desgracia de la treintena de imputados por el ‘caso edificio de Arroyo’, la Fiscalía tiró del hilo de Carlón después de que éste ratificara la denuncia el pasado 13 de abril en el Juzgado de Instrucción 2 lo que ya declaró ante la Policía en 2013. Una comparecencia en la que añadió que su motivación era la «lealtad» a los compañeros de Gesturcal (posteriormente ADE Parques) que fueron despedidos cuando Gesturcal entró a partir del año 2007 en un proceso de «pésima gestión» que le arrastró a una deuda de 400 millones de euros, y entró en un ERE en el que «solo se salvaron trabajadores afines» a la cúpula de la Consejería de Economía.

Así, indicó que el ERE dejo en la calle a compañeros, todos ellos «personas muy competentes y expertos en Urbanismo». El resto de personal, procedente de Parques Tecnológicos (la sociedad que únicamente gestionaba el parque tecnológico de Boecillo) «y sin pasar oposición alguna» fue rescatado por la Junta y finalmente asumido como personal de la Consejería, tras la quiebra de ADE Parques.

En declaraciones a la prensa, indicó que los «chanchullos» y «amiguismos» en la cúpula de la Consejería eran conocidos por «todo el mundo», aunque nunca fueron denunciados por temor a represalias, y reveló que hubo «descorche de champán» cuando se conocieron las imputaciones de altos cargos.

Consultadas las declaraciones judiciales de Carlón, Delgado ha levantado ahora la mano ante el juez para decirle que no se le menciona en ningún momento. Así, recuerda que en la citada declaración de Carlón ante el juzgado «no hay ninguna acusación ni directa ni indirecta» contra su persona.

Y añade Rafael Delgado que en los años aludidos a la «mala gestión», ya no era «presidente ni responsable» de la empresa, ya que la denuncia se refiere «a hechos posteriores al año 2011».

El juez que ha imputado a Delgado por un presunto delito de malversación en las operaciones de alquiler y venta del inmueble denominado ‘la perla negra’, señala que la posición de Delgado le hace partícipe «de todas las fases de alquiler y compra del edificio de Arroyo». Asimismo, según el juez, Delgado autorizó «pagos de facturas a Urban Proyecta PM3» (una de las empresas investigadas) tanto de obras como de suministros. E indicó que «firmó el convenio y contratos de compra de terrenos en Portillo en representación de la empresa pública».