Zona judicial con lógica

La agrupación urbana de las sedes judiciales, a mi juicio debe estar presidida por la lógica urbanística, funcional y la económica (que después de los despilfarros y malversaciones pasadas, no puede seguirse por ese camino).

Cómo arquitecto urbanista, y conocedor de todos los edificios judiciales, sedes principales y «sucursales dispersas», por mis funciones periciales, me atrevo a emitir mis humildes opiniones y fundamentos que las sustentan.

En primer lugar, desterrar a la periferia toda la zona judicial implica despreciar la utilidad de los actuales edificios de la Audiencia y los Juzgados (estos muy recientes) y su inmediatez con el Edificio-sede de Abogados y Procuradores, lo cual parece un despilfarro social y económicamente inadmisible.

En segundo lugar, agrupar las sedes dispersas en el actual edificio del Colegio del Salvador (con las lógicas reformas y adaptaciones) crearía una zona única y conexa visual y espacialmente, que evitaría la «peregrinación» de usuarios.

El Colegio del Salvador, que ha tenido mas de mil alumnos, es un edificio exento, con una potente estructura, grandes ventanales y un gran aulario, muy elástico y fácil para una redistribución, con amplios espacios de tránsito (incomparables con los cuchitriles y pasillos ridículos de algunos juzgados dispersos)

Con la consiguiente adaptación, modernización y remate con una planta ligera y actual que sustituya a los actuales bajo-cubiertas, podría acoger a todos los juzgados dispersos, y en sus amplios patios podría plantearse incluso una ampliación si hiciese falta.

Decir «amortizado centro educativo» parece frase de la época desarrollista de los 60, en que se tiraba todo, por «desconocer» los conceptos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que por conveniencia económica elemental hoy interesan , y se recogen también en la reciente Ley 8-2013 (llamada a veces «de las tres R»).

Hoy no se tiraría un edificio así en ningún país de Europa, que además ha sido una institución escolar, como tantos colegios donde hemos estudiado miles de vallisoletanos.. Por esa regla de tres tendríamos que derribar casi todo el casco histórico «por amortizado».

No se puede tirar con pólvora ajena y menos cuando es público y pertenece a la memoria histórica y cultural urbana.

Desde el aspecto urbanístico me parece un atentado social ir vaciando de uso las instituciones que dan vida y personalidad al casco histórico, rompiendo el equilibrio actual de residencia, comercio y trabajo, centros públicos, colegios, museos, iglesias etc.., perfectamente ensamblados.

Por último, creo esencial poner atención y examen inmediato a las rentas que paga Justicia por las sedes judiciales dispersas, porque las cuantias publicadas en el Norte de Castilla y no desmentidas, salen de ojo por desmesuradas. Como ejemplo, por el pequeño y humilde edificio de Nicolas Salmeron de 18 metros de ancho y siete plantas entre medianeras, se paga al parecer 875.000euros por año, renta equivalente a un enorme bloque de 100 buenas viviendas y que significa que cada cuatro años mas o menos se paga el edificio. Esto debe aclararse porque suena mal..

José María del Fraile es arquitecto