El Supremo autoriza a la Audiencia Nacional a investigar el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989

El Tribunal Supremo ha reconocido la jurisdicción de los tribunales españoles, en este caso la Audiencia Nacional, para seguir adelante con la investigación del asesinato de los seis jesuitas en El Salvador en 1989, de los que tres de ellos eran de Castilla y León. En concreto, los vallisoletanos Ignacio Martín Baró y Segundo Montes y el burgalés Amando López, además del vasco Ignacio Ellacuría, el navarro Juan Ramón Moreno y tres salvadoreños que fueron asesinados por miembros del ejército centroamericano.

El auto del Supremo, cuyo ponente es el presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena, recoge que existen “indicios serios y razonables de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador por el asesinato de los sacerdotes de origen español y nacionalizados salvadoreños no garantizó el castigo efectivo de sus responsables sino que, por el contrario, pudo tratar de sustraerlos a la acción de la justicia”.

Los jueces del Alto Tribunal consideran que la investigación y el proceso penal llevado a cabo en El Salvador sobre el asesinato de los jesuitas así como la sentencia dictada fue una “simulación”, que habría llegado a un resultado de “no justicia”.

De esta manera, la Sala de lo Penal del Supremo se hace eco de la exposición remitida en 2010 por el Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que determinaba que la actuaciones seguidas en el país americano para el enjuiciamiento de los hechos investigados fueron “fraudulentas o incompletas”.

El auto añade que hay indicios suficientes para concluir que el país en el que se cometieron los asesinatos de los sacerdotes españoles “no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo”. Y lo justifica con una serie de puntos como las dilaciones de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos a la hora de obtener los documentos, por lo que algunos pudieron ser destruidos; la imposibilidad de contrastar (judicialmente o con observadores judiciales) la validez de las declaraciones de miembros del ejército o la destrucción de pruebas clave.

No en vano, las muertes, que tuvieron lugar en la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA), se atribuyeron al Ejército y de los cuerpos de seguridad. En concreto, los pertenecientes al Batallón de Infantería de Reacción Inmediata 'Atlacatl'.