Desplazamientos entre nueve sedes judiciales

El responsable de la Gerencia Territorial de Justicia, Arturo López Sacristán, reconoció a este periódico las restricciones en materia de transporte, pero aseguró que ello no es fruto de ningún recorte, sino de la aplicación de la norma por la cual el uso de taxi está restringido «a no ser que no exista otra forma de transporte público». El gerente señala que, en efecto, «esto antes se hacía de otra manera» y no quiso valorar las causas del cambio, sino defender el actual modo de trabajo. 

El taxi será el medio utilizado si se demuestra imposible «por un horario intempestivo o porque, en efecto, no existe otro medio». Otra cuestión es el uso de los vehículos oficiales. Tanto el gerente territorial como el decano, Ignacio Segoviano, reconocieron que uno de los coches está parado porque Justicia no ha provisto la renovación de una plaza de chofer. Segoviano criticó que, «en ese sentido, el Ministerio se equivoca, ya que es muy necesario siquiera en el transporte de documentos de un órgano judicial a otro». Un cometido habitual en una ciudad con nueve sedes que han de intercambiarse volúmenes importantes de documentos algo que, reconoce, es difícil hacer en autobús. Los otros dos vehículos están adscritos a la Fiscalía y la Audiencia Provincial. El presidente de esta última, Feliciano Trebolle, no quiso ayer valorar la reorganización o recorte, según el punto de vista, «ya que es más bien una asunto del Decanato y de la Gerencia». Pero es muy consciente de los apuros.

«Lo que he dispuesto es que el vehículo a disposición de la Audiencia sirva para el uso de los juzgados de Familia, Contencioso e Instrucción en todo momento que sea posible».