IU pide al Ayuntamiento que asegure la demolición de la antena de Ribera de Castilla

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Valladolid instará al Ayuntamiento a que se haga efectiva "de inmediato" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se estima un recurso de apelación interpuesto por la Asociación Vecinal Rondilla.

Esta estimación anula el acuerdo de Junta de Gobierno municipal por el que se concedía permiso a Telefónica Móviles para la instalación de una estación base de telefonía móvil en la Plaza Ribera de Castilla 12. El TSJ ordena igualmente la demolición de lo construido y la clausura de la actividad, informaron a Europa Press fuentes del Grupo.

IU ha informado de que con fecha 26 de enero de 2015 se firmó un Decreto de Alcaldía por el que se da un plazo de diez días para que la empresa clausure la actividad y derribe la antena. El propio decreto apunta que si, transcurrido este plazo, la empresa no cumple el requerimiento municipal, el propio Ayuntamiento será el encargado subsidiario de la obra correspondiente, corriendo todos los gastos a cargo de la empresa.

Por ello, ha instado al Equipo de Gobierno a "no buscar atajos" al cumplimiento de la sentencia, algo que "ya hizo" con una sentencia de similares características sobre otra estación ubicada en el mismo lugar, cuando "no forzó" la demolición "ni la ejecutó" de forma subsidiaria, "ofreciendo a la empresa diferentes subterfugios para evitar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal".

En opinión de Izquierda Unida, el Ayuntamiento se ha mostrado "insensible" a las demandas de los vecinos que han reclamado un "elemental" principio de precaución ante la instalación de unas antenas que se ubican en un ámbito plagado de "espacios sensibles" como un colegio, una escuela infantil, un centro de salud, un centro de personas mayores o un parque infantil.

Finalmente, ha afirmado que el Ayuntamiento debe atender el principio de "precaución" que han demandado "en repetidas ocasiones" el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la Organización Mundial de la Salud e, "incluso", el Procurador del Común de Castilla y León.