Febrero, mes clave para el conflicto de los taxistas

El conflicto entre los taxistas de Valladolid sigue caliente y vivirá sus episodios más decisivos en este mes de febrero. Roberto Merino, presidente de la Agrupación de Radio Taxi, convocará probablemente mañana la asamblea del próximo 20 de febrero cumpliendo así con el auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la ciudad que obligaba a celebrar una cita presidida por la oposición que encabeza Pedro García Illera.

Sin embargo, Merino ha incluido en el orden del día 12 la posible destitución del consejo rector que él preside y la aprobación de uno nuevo si procede, puntos que el juez estableció para el 20.

La resolución judicial del pasado 12 de enero respondía a la solicitud por parte de los socios críticos el pasado octubre de una convocatoria de asamblea general extraordinaria para revocar los cargos, a la que se opuso el equipo directivo por no pasar del 20% el número de miembros rebeldes.

En el trasfondo, estaba la convicción de la irregularidad de las cuentas del ejercicio 2013. Se apreciaba un descuadre de 10.000 euros para los que Merino tiene explicación: «Está la contabilidad oficial y una hoja de cálculo explicativa sin tecnicismos para enviar a los taxistas.

Contablemente, aunque determinadas facturas se ingresan a primeros de 2014 se imputan a gastos de 2013. La contabilidad oficial está perfecta y la que enviamos, no», explica, y especula, por ejemplo, con albaranes de telefonía.

El presidente se muestra dolido porque cree que sus opositores no actúan de buena fe. «Si tienes alguna duda puedes ir tres o cuatro días antes y pedir aclaraciones, si quieres bombardear, con cualquier detalle de este tipo puedes ir a la asamblea. Hablamos de 10.000 euros en un volumen de gestión de 1.200.000 millones».

Como en esa asamblea de septiembre las explicaciones de Merino no resultaron convincentes para los más críticos, esos taxistas recogieron 117 firmas, al mismo tiempo que el presidente contrataba una auditoría externa que presentará en la asamblea ordinaria del día 12, ocho antes de la extraordinaria ordenada por el juez.

«Se ha gastado casi 8.000 euros en una auditoría por una mala gestión. Su incapacidad nos cuesta dinero», protesta García Illera, a lo que Merino replica que no es él el que no ha aprobado las cuentas y carga contra la oposición por no saber decir dónde está el descuadre presupuestario.

La auditoría se presentará el día 12 junto a la aprobación de los presupuesto de 2015, justo antes de la posible destitución del equipo actual que el equipo directivo ha adelantado. Merino cree que tiene potestad para establecer los puntos que considere, pero García ve ahí una maniobra para«confundir y manipular» a los taxistas intentando que no le destituyan tras presentar un examen a las cuentas favorable y en una asamblea en la que el presidente marcará las pautas. «Seguramente a mi no me deje hablar», cree García , que no descarta impugnar la reunión del 12.

Otro conflicto podría venir de la sede, segúnMerino. El juez ordenó que la asamblea del día 20 se celebrase en la sede de la Avenida del Euro, aunque los opositores quieren cambiarla a la calle Daniel del Olmo por falta de espacio, para lo que se necesita el plácet del juez.

Una acusación de los más críticos es el «oscurantismo» en asuntos como la Comunidad Urbana de Valladolid, la promoción de la aplicación móvil o las nuevas tarifas. Merino responde que no puede convocar reuniones constantemente si no hay nada nuevo. Harto de lo que considera «ataques personales», no volvería a concurrir a las elecciones de mayo tras seis años en el cargo. El convulso mes que se avecina puede adelantar su salida.