Diario de Valladolid

Tribunales

La defensa: «Las pruebas en contra eran muy sólidas»

El letrado de ‘Negro’ y de varios familiares del ‘Monchín’ explicó a la salida del juicio que la sentencia de conformidad era la «mejor salida» para sus defendidos

Publicado por
Íñigo Arrúe
Valladolid

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El letrado de ‘Negro’ y de varios familiares del ‘Monchín’, Francisco Gómez Llorente, explicó a la salida del juicio que la sentencia de conformidad era la «mejor salida» para sus defendidos, ya que las pruebas en contra era contundentes, directas y abrumadoras. «Las pruebas en contra eran muy sólidas», insistió el letrado. A modo de ejemplo, en una de las sesiones del juicio iban a declarar quince agentes del Cuerpo Nacional de Policía como testigos que tenían atados y bien atados los movimientos, contactos y transacciones del grupo.

Así, ya en el mes de marzo de 2014 y en un intervalo de 14 días, la Policía detectó venta de heroína al menudeo por parte de Andrés P.V. a distintos consumidores en la plaza de las Once Casas, en la calle Portillo de Balboa, en la calle López de Rueda y en la calle Tirso de Molina. En días posteriores Andrés P.V. fue observado por los agentes dentro de un coche conducido por ‘Negro’ con Ana María C.J. de acompañante en el que fueron a su domicilio de Rondilla y posteriormente hizo dos pases de droga: 0,14 gramos de caballo cada uno a cambio de 10 euros. Y la lista sigue también con seguimientos y transacciones detectadas a José V. A.Ll.

Ante estos cargos, Gómez Llorente reconoció que fue «costoso» llegar a una prueba de conformidad, algo que consiguieron tras dos meses de «trabajo intenso» y cuyo acuerdo cristalizó el pasado viernes. A partir de ahora la Sala decidirá sobre la ejecución de la sentencia. «Algunos ingresarán porque tienen antecedentes o porque son reincidentes. En otros casos la Sala estudiará las circunstancias de cada uno para decretar su ingreso o no en prisión», afirmó el letrado. Su esperanza está puesta en que Aroa e Isabel, sin antecedentes, no entren en la cárcel.

«Tienen una pena de dos años que no excede el límite legal y por tanto están dentro de los supuestos que la ley prevé como posibles para eludir la prisión con la suspensión de la pena», concluyó Llorente.

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