Sólo siete policías se reparten 350 órdenes de protección

Más de 350 mujeres con órdenes de protección en Valladolid dependen del buen hacer de los agentes de la UPAP, la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra Malos Tratos a la Mujer de la Policía Nacional. Pero sólo son siete agentes. Y la realidad es que cada uno de ellos debe bregar con el seguimiento de entre 50 y 60 casos.

Lo indeterminado de la cifra viene de que esta no ha sido proporcionada por cauces oficiales. Ni la Subdelegación del Gobierno, ni el titular del Juzgado de Violencia de Género, Emilio Vega, pudieron ayer precisar cuántas mujeres tenían una orden de protección vigente en la capital y en Medina del Campo, ámbitos de acción de la Policía Nacional.

Sin embargo, en la presentación del balance del Plan de Violencia contra la Violencia en el Medio Rural el mes pasado la Subdelegación detalló que 480 mujeres tenían «una atención policial activa» y que 120 de ellas vivían en el medio rural, de lo que se deduce que las otras 354 debían corresponder a la Policía Nacional.

Los datos coinciden con apreciaciones realizadas por la Confederación Española del Cuerpo de Policía Nacional (CEP), cuyo responsable en Valladolid yCastilla y León, Félix Ruiz Acitores, mostró su profunda preocupación «por la bárbara carga de trabajo que los agentes asumen con un enorme esfuerzo y vocación».

Este responsable sindical indicó que es «imposible» hacer recaer más labores sobre tan reducido número de agentes.

Hacía así referencia a las disposiciones que se preparan desde el Gobierno para que la policía realice con más frecuencia informes de valoración de la situación de riesgo de las mujeres con ordenes de protección, tras los últimos asesinatos por violencia de género entre los que se encuentran los de Rosa Ana Fernández y Fernando Jesús Legido esta semana.

«Es intolerable que recaiga sobre los mismos agentes más carga de trabajo. Si hay más exigencias debe haber más medios y punto», defendió Ruiz.

Este policía fue muy crítico con el actual medio de valoración de las situaciones de riesgo basada en el protocolo de análisis de datos VPR por el que se determinan los cuatro niveles de riesgo (bajo, medio, alto y extremo), que depende casi en exclusiva de los datos que introduzcan los agentes en el ordenador.

«Los policías no pueden tener en exclusiva esa responsabilidad y luego padecer reproches cuando ocurre un hecho como el de esta semana. Lo que es necesario es que el juez disponga de un equipo interdisciplinar que pueda evaluar mejor y prever el riesgo de un caso».

Tal y como pudo comprobar este periódico en un reciente visita a la dependencias de la UPAP, los agentes apenas paran allí, excepto para recopilar la información diaria. De hecho, tienen que emitir informes cuando lo requieran sus superiores o el juez y, también, siempre que exista una variación en el caso.

No se sabe cuál es la escala de riesgo de los más de 350 casos de la UPAP. Sí que ésta es piramidal y la punta son los casos con más nivel de riesgo.

Los agentes están a disposición por teléfono de las mujeres con órdenes de protección. Cuando el nivel de riesgo es medio-alto son frecuentes las labores de acompañamiento de las mujeres en aquellas situaciones en las que pueda coincidir con su agresor (juzgado, trámites de divorcio, colegio...).

Una de las labores principales de este ‘puñado’ de policías es la de entrevistarse con el agresor para informarle de cómo debe comportarse ante una orden de protección y, también, para evaluar su riesgo potencial. «No se sabe cuántas agresiones y muertes evitan estos agentes, pero sobrecargales es una irresponsabilidad», señala Ruiz.