El suelo del Zambrana sube a 38M€

Decía el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, el pasado martes, tras el pleno municipal, que no está dicha la última palabra sobre la sentencia del caso Zambrana; la que obliga al Ayuntamiento a pagar 20 millones de euros a la familia Puentes por unos terrenos de algo más de cinco hectáreas junto al centro de menores ubicado en Las Delicias. Y lleva razón. La última palabra, aunque no era ésta a la que se refería el regidor, la dirá el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando resuelva el recurso presentado en 2012 por la familia Puentes, en el que reclaman no 20 sino 97 millones de euros por los terrenos.

Son 57 más de los que ya tienen reconocidos por la Justicia, aunque la tasación realizada por el perito judicial designado por el TSJCyLpara tener una valoración neutral -no la de los propietarios de los terrenos, parte interesada- está bastante lejos de las aspiraciones de la familia Puentes y estima el valor de las 5,2 hectáreas en 38 millones.

La disparidad entre una y otra valoración se debe al diferente criterio utilizado por unos y otros para calcular el aprovechamiento residencial por metro cuadrado: más restrictivo en el caso del perito frente a una interpretación de los dueños más acorde con sus intereses.

Los 38 millones calculados por el perito judicial están muy por debajo de lo que reclaman los propietarios de la parcela, pero son 18 millones de euros más de los que ya tiene que pagar el Ayuntamiento. Si se le suma el 5% del denominado premio de afección y los intereses, la cifra resultante supera con creces los 40 millones de euros.

Es decir, en el supuesto de que el TSJCyL estimara el recurso pendiente y optase por la valoración más benigna para las arcas municipales de las dos que tiene sobre la mesa, la del perito y la de la familia, la factura del caso Zambrana corre el riesgo de duplicarse, con las consecuencias que ello acarrearía para las cuentas del Ayuntamiento.

No deja de ser una hipótesis dado que el TSJCyLpuede optar por desestimar el recurso en su integridad y dejar el pago a la familia Puentes en los 20 millones fijados por el Juzgado de lo Contencioso número 4 en una sentencia sin posibilidad de apelación. Pero es un riesgo real.

La decisión se demorará unos meses y de ser condenatoria para el Ayuntamiento todavía quedaría la posibilidad de acudir en casación al Tribunal Supremo -también la familia en caso contrario- con lo que el recorrido del caso Zambrana se prolongará hasta bien entrado el próximo mandato.

Con unas elecciones por medio, el caso Zambrana será, esté quien esté al frente de la nueva Corporación que salga de las elecciones de mayo, un contencioso que heredará el nuevo equipo de gobierno.

El recurso que ahora tiene entre manos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, todavía pendiente de aportar pruebas, fue la respuesta de la familia Puentes a la primera valoración que se hizo de los terrenos allá por el 2012. Fue la Comisión Territorial de Valoración la que cifró en 16,7 millones el justiprecio de los terrenos.

Esta valoración venía precedida de un intento de los propietarios para recalificar el suelo y convertirlo en residencial, intento que no fructificó al considerar el Ayuntamiento que se incurría en un «pelotazo urbanístico». La familia Puentes, que había recuperado en 2007, previo pago de 4,5 millones, las 5,2 hectáreas como un terreno sobrante de las 40 hectáreas expropiadas en 1943 a su antepasado Juan Puentes, pidió la expropiación por ministerio de ley al no prosperar la recalificación . El Ayuntamiento se negó mediante un acuerdo de la junta de gobierno y los herederos solicitaron la expropiación en el juzgado. El juzgado les dio la razón y obligó al Ayuntamiento a expropiar y al pago de los 16,7 millones del justiprecio, más los intereses y el 5% del premio de afección: en total algo más de 20 millones. El Ayuntamiento recurrió y el pasado noviembre el TSJCyL rechazó el recurso. La sentencia era firme

Pero en paralelo a su petición al juzgado, recurrieron ante el Tribunal Superior la valoración realizada por la Comisión Territorial por entender que los 16,7 millones distaban mucho del valor de los terrenos. Ellos reclaman 97 y el perito dice que valen 38. Es lo que debe resolver el TSJCyL ahora.