La táctica del calamar

EL MEJOR ESCRIBANO echa un borrón, pero las manchas de tinta como mucho te estropean los puños de la camisa, no te arruinan la vida. Esta claro que cada uno, en su ámbito de trabajo debe ser todo lo responsable que sea posible para desempeñar su tarea con la mayor precisión y profesionalidad. Desde el piloto de un avión comercial al conductor de un Alvia cargado de pasajeros. Pero el caso vivido en el hospital universitario de Burgos con la administración a cinco pacientes de un fármaco para la quimioterapia con una dosis disparada desvela que en el ámbito de la salud es donde la tolerancia al error debe ser menor. Y sin embargo, el Ministerio de Sanidad estima que ocurren 17 incidentes por cada 100 pacientes hospitalizados. Eso son diariamente 17.000 casos de dosis equivocadas administradas a personas enfermas. Una cifra aterradora porque indica que en esa lotería del fallo humano cada paciente se juega muchas papeletas cuando entra por la puerta de un hospital. A veces el problema no es un medicamento sino un fallo en la asistencia médica, del que algún caso realmente cercano he sufrido, o un retraso en la atención que deja consecuencias. Es comprensible que en una profesión con tanta casuística y tantas variables que inciden puedan suceder situaciones que se escapan de control, pero lo que nunca puede pasar es que se recurra a la técnica de la cortina de humo para tapar los fallos, los errores, los descuidos, las equivocaciones, los deslices y las confusiones cuando suceden. El HUBU está empleando la táctica del calamar echando tinta para crear una nube y escapar del escrutinio público para ganar tiempo. La transparencia exige saber qué ocurrió exactamente en el caso de los cinco pacientes que recibieron una dosis seis veces más alta de la que les debería haber sido administrada y, además, existen multitud de preguntas adicionales que quedan sin respuesta porque desde el centro sanitario se han cerrado en banda a pormenorizar lo sucedido. Esa postura, además, encuentra respaldo en la administración autonómica que ni cesa ni aprieta. Lógicamente ni el gerente del HUBU, que además estaba recién llegado al cargo, ni el consejero tienen culpa de un fallo de consecuencias fatales, pero en el momento en el que se conoce este suceso entra en juego sus respectivas responsabilidades para analizar lo sucedido y decidir y aplicar las medidas correspondientes. Sean disciplinarias, de protocolo o ponerse del lado de las familias de las víctimas. Al final, será la Fiscalía la que ejerza la investigación y ante la ley deberán aportar todos los datos. Hay precedentes en los casos de Sonia Sainz-Maza y Lidia Bayona, fallecidas por cáncer durante la pandemia sin que ningún médico de Atención Primaria les viera en persona ni se les realizaran analíticas. La investigación se cerró sin consecuencias legales para los investigados, pero fue la única manera de que la información saliera a la luz. La fiscalía tiene la opción de destapar la tapadera del corporativismo y aportar luz a este funesto error.