Diario de Valladolid

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YA ERA HORA. El miércoles se manifestaron en Castilla y León sindicatos y mutualistas en contra de la demolición de Muface. El desguace –como si se tratare de la voladura de cualquier presa de río– lo programó el Ministerio de Sanidad, y afecta a millón y medio de funcionarios. Pero hablamos de tres millones. Esos funcionarios tienen hijos, parejas, y personas dependientes a su cargo que pagan su mutua, y que ahora se les manda al carajo porque les sale del gineceo o de la huevera.

La comunista M. García y el socialista P. Sánchez, expertos en demoliciones estalinianas, van en serio, y los mutualistas de Muface ya lo saben por experiencia. En estos días, han comprobado que sus enfermedades no interesan a nadie, que se les niegan pruebas facultativas, y que se retira, o se restringe, la medicina hospitalaria por enfermedades crónicas. Las aseguradoras se han plantado –llevan años sin renovar un convenio obsoleto que se traduce en pérdidas–, y los Ministerios de Sanidad y de la Función Pública siguen en la burra de su maniqueísmo finalista y totalitario. ¿El próximo paso? ¿La ejecución premeditada en masa? La fosa está preparada.

Hoy, funcionarios y sindicatos se manifestarán en Madrid, pidiendo lo que es de justicia: que no son presas de la agenda 2030, que tienen derechos adquiridos y consolidados por montones de años a escote, que pagan su sanidad y el copago farmacéutico, que son más baratos que la Seguridad Social, que son ciudadanos libres para elegir médico y centro, que libremente disponen el modo de vivir y de morir en una sociedad democrática, y que son libérrimos para manifestarse individual, o en huelga general, por encima y debajo de las políticas sectarias de estos políticos ladrones que tienen por derecho bula.

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