La lucha contra la violencia machista exige normas, pero también medios

La junta de Castilla y León ha desempolvado del baúl de los recuerdos la renovación de la norma autonómica contra la violencia de género. Legislación que lleva tres años adormecida y que resucita después de que el PP se sacudiera involuntariamente la carga de VOX en la coalición de gobierno. El nuevo texto, que ya camina hacia el Consejo Consultivo para que emita informe, llegará a primeros de año a las Cortes para su debate. La nueva norma, pactada en el seno del diálogo social, viene a actualizar las amenazas que se han añadido durante estos 14 años, que es de cuando data la actual, a la ya de por sí terrible lacra de la violencia de género, que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres a manos de maltratadores, machistas y asesinos. Esos nuevos peligros que acechan en esta imparable lacra son la vertiente digital y la violencia vicaria que se ejerce contra familiares, especialmente hijos, de las mujeres asesinadas, agredidas o maltratadas. El asesino machista no detiene ni sacia su odio sólo con el principal objetivo de su violencia. Lo expande hacia cualquier persona cuyo daño pueda causar todavía más dolor a la víctima. Y además, ahora tiene en su mano el uso de tecnologías digitales para sus fechorías. Tecnologías e instrumentos que en 2010 estaban en ciernes y ahora son un bastión para el agresor, el acosador y el machista.

Los ex socios de gobierno han solicitado especialmente que la norma tenga en cuenta la presunción de inocencia. Eso lo garantiza la constitución, como uno de los derechos fundamentales del ordenamiento jurídico español. Cuestión bien distinta es que la política, la de unos y otros, y la de todos, hace tiempo que renunció a contemplar el precepto. Especialmente si la causa recae en un rival político. Y así es como se va agrietando y fragmentando el Estado de Derecho.

La actualización de la norma es importante para adaptar la legislación en el combate del crimen. Pero de poco servirá el texto legislativo si no tiene desarrollo reglamentario, como le ocurre a casi todas las normas que salen del hemiciclo autonómico. El desarrollo reglamentario es el que luego dota al texto de los mecanismos, instrumentos y medios necesarios para luchar contra la violencia de género. De poco sirven normas por todas partes si, por ejemplo, las unidades policiales de Viogén carecen de recursos humanos y materiales necesarios para proteger a las víctimas. Cualquier avance en esta materia nos dignifica como sociedad, siempre y cuando los avances normativos tengan su transformación en política real, la que llega y ampara a las personas. En este caso a mujeres enormemente vulnerables a la vista de los datos.