Decisiones políticas con repercusiones económicas
No cabe duda de que estamos asistiendo a momentos convulsos y de alta tensión política que tienen su reflejo en el panorama socioeconómico. La investidura del nuevo Gobierno de nuestro país, junto con las acciones y omisiones que se han venido originando estos meses atrás para llegar a la situación actual, son una buena muestra ello. Dejando a un lado planteamientos políticos, es menester poner de relieve cómo pueden afectar estos hechos a nivel económico.
Hoy todos sabemos del compromiso de la condonación de la deuda a Cataluña. Una condonación que alcanza el 20% del montante total a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), alrededor de 15.000 millones de euros, lo cual supone, de llevarse a cabo, un auténtico agravio comparativo para con el resto de las autonomías que conforman España. Y es que nuestra región, Castilla y León, mantiene una deuda con el FLA de 1.966 millones de euros, muy por debajo de los cerca de 72.000 millones de Cataluña. Todo apunta a que esta “medida de gracia económica” se hará extensiva al resto de CCAA, algo que, por el momento no se ha ejecutado ni previsto cómo hacerlo. Siguiendo este parámetro, a Castilla y León le correspondería una quita de más de 393 millones de euros. La duda está ahora sobre la mesa: ¿es un trato preferencial por un interés político o realmente se contempla como una medida económica de ámbito estatal?
En cualquier caso, condonar deuda no sale gratis, ya que el Estado, es decir todos nosotros, nos quedamos con ella. Es un cambio de titularidad, un mero cambio de manos desde las CCAA al Estado, en donde el principio de solidaridad que propugna la Constitución se encuentra en entredicho. Pero si algo choca frontalmente contra esta realidad, y la cesión de los tributos a unas regiones en detrimento de otras, es la futura negociación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), existiendo un riesgo de falta de consenso debido a los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta y no olvidarnos que el Estado. atendiendo al artículo 138 de nuestra Carta Magna, debe velar por “el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (…)” de tal forma que las diferencias que pudieran recogerse en los diferentes Estatutos autonómicos “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
Esta realidad legislativa, supondría un fuerte golpe en la financiación de las Comunidades Autónomas. Los datos cifran en unos 2.000 millones de euros menos con los que contaría la Hacienda española para financiar otros territorios con menores capacidades económicas y recursos. Bien es cierto que, por ahora, existe una enorme falta de claridad y concreción sobre cómo se desenvolvería este capítulo del acuerdo, algo que deja libertad de interpretaciones, aunque todas en una misma dirección: el descrédito de nuestro sistema fiscal y tributario.
Hoy, más que nunca, debemos mantener un consenso que genere estabilidad política y, por tanto, estabilidad en otros órdenes como es el social y el económico. El consumidor necesita altas dosis de certidumbre para poder ser el motor económico y, por ende, consumir. De lo contrario, todo el engranaje socioeconómico se pararía.
La situación y realidad actual no es nada halagüeña ni favorece dotar de credibilidad nuestro sistema. Una estabilidad seria y rigurosa pasa por un Estado de Derecho que fomente el desarrollo de cada una de las regiones que lo conforman, pero no favoreciendo a unas en detrimento de otras. Un Estado como el nuestro debe garantizar la eficiencia económica, la asignación de recursos de manera eficiente y eficaz, y además debe tender puentes para buscar equilibrar las diferencias regionales, algo que mejoraría la convivencia de los ciudadanos y, en último término, invitaría a tomar decisiones óptimas, tanto de consumo como de inversión.
Debemos mostrar a Europa y al resto del mundo que apostamos decididamente por la cohesión social en pro de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos y las mismas oportunidades independientemente de su ubicación dentro de nuestra extensa geografía peninsular e insular. Hoy existe la sensación para el ciudadano de que estos planteamientos parecen decaer en beneficio de unos pocos, dejando de lado los principios y pilares base que deben armonizar un Estado constitucional.
No es la primera vez que alerto de la necesidad de tomar decisiones e implementar políticas desde el sentido común, la humildad y poniendo en el centro al ciudadano, dejando de lados los intereses partidistas y personales que en nada benefician a la sociedad en general, ni ahora ni en un futuro próximo. Debemos garantizar que las próximas generaciones desarrollen su formación, emprendimiento y confianza institucional en el día a día de una manera próspera, eficiente y solidaria con convencimiento en el ámbito político, social y económico, por lo que debemos centrarnos en los consensos que se deben dar entre todos los agentes implicados, donde juega un papel decisivo la colaboración público-privada.
En definitiva, nos encontramos en un momento delicado y con una urgente necesidad de responsabilidad de Estado basada en unos principios y valores constitucionales fuertes y sin fisuras. Las decisiones de hoy comienzan a tener repercusiones hoy. Y si no se toma conciencia de manera urgente, podemos estar hipotecando a consumidores, inversores, empresas y trabajadores, en definitiva del conjunto de ciudadanos que son los pilares en los que se basa el futuro de las nuevas generaciones.
Juan Carlos De Margarida es presidente de Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.