La ambición y el riesgo de blindar en las Cortes nuestros servicios públicos

LA PROPOSICIÓN de Ley que impulsa el PP en las Cortes de Castilla y León, como preámbulo del blindaje por ley de los servicios públicos, tiene un elevado componente de ambición y de riesgo. La ambición reside en conseguir que esa norma que salga para que la sanidad, la educación y los servicios sociales estén garantizados en todo el territorio de Castilla y León es un paso esencial en esa asignatura pendiente que tiene la Comunidad desde hace cuarenta años, la ordenación del territorio para ser más eficaz en la dispensa de servicios a los ciudadanos. El riesgo es que se quede en el tintero, como otras iniciativas, que quedaron en el limbo por falta de desarrollo reglamentario y por la cobardía política ante las tensiones provinciales y locales que se suscitaron en el seno de los dos grandes partidos. Veremos si el PP de Mañueco alberga de verdad determinación para llevar a cabo un plan tan ambicioso como necesario para Castilla y León. Entre otras cosas, supondrá una reordenación sanitaria, pero sin suprimir de un plumazo los servicios, dejando al medio rural desamparado de sanidad para reforzar los núcleos urbanos por la carencia de facultativos, que era el gran plan de la mejor médico del mundo, la consejera cesada Verónica Casado, y tutelada por el anterior vicepresidente.

El blindaje por ley de los servicios sociales es un compromiso electoral de la última campaña de Alfonso Fernández Mañueco. Ahora el PP inicia el proceso en el parlamento. Ningún partido puede ser ajeno a esto o ponerse de perfil o quedará retratado. Otra cosa es que la oposición tiene la oportunidad de espolear al gobierno y contribuir de forma constructiva a una ley que, por ejemplo, obligará a una reordenación sanitaria profunda acorde con la realidad de población, pero no sólo atendiendo al criterio poblacional. De los 3.650 consultorios que contabiliza Sanidad hay cerca de un centenar que carecen de tarjetas sanitarias adscritas. Con lo cual, hay que actualizar el modelo. Pero de poco sirve que los consultorios, como inmuebles estén abiertos si dentro no hay un médico y una enfermera para atender a los pacientes.  Y eso está pasando por falta de profesionales. Esencialmente en el medio rural, y no sólo de Castilla y León. En cualquier caso, es un problema que deben resolver los gobernantes. Castilla y León protege como nadie el Estado de Bienestar frente a la lacra de la despoblación. La política está ante una ocasión ineludible de demostrar que nuestro parlamento sirve para algo más que para el griterío. Porque en el plan de blindaje del PP, el parlamento será quien decidirá si hay que prescindir de un servicio sanitario, educativo, no las ocurrencias de la consejera de turno, de turno de oficio.