Más celeridad a la banda ancha para fijar población
NADA menos que 5.000 núcleos de población de Castilla y León están al día de hoy excluidos de la banda ancha de Internet, según el Ministerio de Economía y Empresa. Corresponde a una población superior a 360.000 habitantes. Una parte de estas localidades y vecinos -1.000 entidades y 122.641 ciudadanos- se sumarán el próximo año a los que tienen cobertura.
Con este altísimo volumen de núcleos de población y personas sin cobertura de banda ancha fijar población en el medio rural es un reto harto difícil.
Se trata de zonas que no son rentables a la operadoras de telefonía y por lo tanto la prestación de este servicio depende de las ayudas de Estado a esta compañías.
A su vez, el trámite para que la Administración autonómica contribuya a esta ausencia de conexión a infraestructuras de telecomunicaciones es lento. De hecho, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la semana pasada en las Cortes una inversión de 10 millones de euros, cuya convocatoria no se podrá hacer públicamente hasta el segundo semestre de 2020.
Por eso, es necesario que las administraciones se vuelquen con más rapidez en unas infraestructuras claves para la supervivencia del mundo rural. Y no solo la Junta de Castilla y León, sino el Gobierno central y la Comisión Europea. Está en juego la supervivencia de las zonas rurales y poner freno a la galopante despoblación de esta Comunidad.
El hecho de que haya 5.000 núcleos de población sin banda ancha de Internet es un factor más que demuestra la existencia de dos niveles de desarrollo y por lo tanto un desequilibrio más que acecha a esta Comunidad.
De manera especial hay que referirse a los jóvenes. Cualquier empleo en zonas rurales para los más jóvenes requerirá de un servicio de Internet de calidad. De la misma manera que resulta esencial para el mantenimiento de sus comunicaciones personales.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, prometió en su comparecencia en las Cortes para explicar su programa de legislatura que Internet llegará a todas las personas y a todos los territorios en 2023. Lograr eso tiene sus dificultades si la Administración autonómica actúa en solitario. El retraso en la formación del Gobierno central ha impedido que el Ejecutivo ponga en marcha la Estrategia contra el reto demográfico, que contempla esta medida como clave para frenar la despoblación.
La conexión por Internet en una comunidad autónoma tan amplía, dispersa y con la cuarta parte de municipios de España es de prioridad máxima. Son demasiados los excluidos de estos servicios que hoy marcan el futuro personal y laboral de un sociedad. Por eso, es necesario imprimir el máximo ritmo a la extensión a toda la población de la banda ancha de Internet.