El agua, un bien preciado que debe tener un coste justo
LA ORGANIZACIÓN DE consumidores Facua acaba de hacer público su informe sobre lo que les cuesta a los ciudadanos el agua que consumen, dependiendo de la ciudad en la que vivan. Y las diferencias son claras, con precios excesivamente elevados, en unos casos, y sorprendentemente bajos, en otros.
Diferencias que son perfectamente visibles entre las nueve capitales de provincia de Castilla y León. En la Comunidad y en todo el país, la capital de provincia con la tarifa domiciliaria de agua más barata es León. Mientras, en el lado opouesto, se sitúa Segovia. Así, a la provincia leonesa le siguen, a nivel nacional, Soria, Oviedo y Ourense.
Pero si el análisis se reliza sólo entre las grandes ciudades españolas, aquellas que tienen más de 300.000 habitantes –en el momento del informe Valladolid los tenía– la capital vallisoletana, que cabe recordar desde el mandato anterior tiene una gestión pública de la red de aguas por parte de Aquavall, es la ciudad con el precio del agua más barato, muy por debajo del resto. En el polo opuesto se coloca Barcelona, que despunta del resto, con la tarifa más eleva.
Las variaciones tarifarias suponen hasta centenares de euros de diferencia al año para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales con tres presonas residiendo en la misma. Ante los datos recogidos y analizados en el informe, Facua reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa.
Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro innecesario de agua, que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. El sistema tarifario propuesto por la asociación de consumidores pretende ser más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.
De esta forma, lo que buscan es que los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, puedan demostrar que no gastan agua en demasía y no recibirán penalización por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo.
En definitiva, lo que Facua está diciendo y las administraciones no deberían echar en saco roto es que se necesita tener más control y regulación en el conusmo del agua. Sólo así se logrará que este bien tan preciado tenga un precio justo para el ciudadano.