Secuelas de la crisis en el gasto de los hogares
LA ENCUESTA de Presupuestos Familiares, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, revela que los hogares de Castilla y León no se han recuperado aún de la crisis al menos en su nivel de gasto. Han pasado diez años desde que la crisis más brutal de los últimos cincuenta años dejó a decenas de miles de personas en paro, sufriendo un empobrecimiento progresivo así como cambios en la estructura de gasto de las familias.
La Encuesta del INE revela que el gasto de los hogares es aún un 7% inferior al de hace diez años, cuando las familias disponían de más recursos, el desempleo estaba en niveles de mínimos históricos y la pobreza no había calado aún en quienes tenían garantizado un puesto de trabajo estable.
Se da la circunstancia de que los hogares con presencia de autónomos han perdido poder de gasto, al igual que aquellas familias que sus ingresos dependen de pensionistas y de parados.
Los datos del INE van más allá de reflejar una foto fija y una evolución de cómo ha evolucionado el gasto de los hogares y del peso que tiene la alimentación, la vivienda, la sanidad, la educación y el turismo. Debe ser un instrumento para la actuación política y en ese sentido actuar sobre todo para suavizar los efectos de la crisis que han dejado una huella latente en las personas.
En ese sentido, resulta imprescindible que la política, que debe contribuir a mejorar la vida de las personas, tenga en cuenta todos estos cambios en los hogares con pensionistas, autónomos o perceptores de subisidios.
La buena noticia es que la recuperación del empleo está sacando de la situación de vulnerabilidad a trabajadores que han conseguido un puesto de trabajo.
La propia estructura de gasto de las familias de Castilla y León, que está en niveles un 10% inferiores a la media, pone de manifiesto en la Comunidad y en el conjunto de España que la vivienda y los gastos asociados a ésta representan el grueso de los recursos utlizados, seguido de la alimentación. Actuar en el ámbito de la vivienda es fundamental, sobre todo para garantizar derechos a los más vulnerables y reducir el peso de un gasto que constituye un derecho constitucional.
Castilla y León fue pionera en la implantación de la renta garantizada de ciudadanía y el programa persona de integración y empleo (PIE). Ambos contribuyeron a asuavizar los efectos de la crisis en los momentos más duros.Ése es el camino. Ése y tratar de fortalecer e impulsar la crweación de empleo, así como proteger a los autónomos, ese colectivo que de manera silenciosa ha sufrido la crisis tanto como los asalariados.