Protección a las víctimas, objetivo prioritario
EL SALVAJISMO de la violencia machista ha vuelto a atacar en Castilla y León llevándose por delante la vida de una mujer joven a manos de su pareja, un maltratador que estuvo a punto de ser denunciado y al que, sin embargo, la ley no pudo frenar. El asesinato ocurrió en Salas de los Infantes, en Burgos, una provincia en la que la brutalidad del penúltimo crimen machista aún se recuerda y donde centenares de personas salieron a la calle para exigir más seguridad para las mujeres y mayor efectividad de los recursos legales contra los maltratadores. Entonces perdió la vida Silvia Plaza, asesinada a golpes por su expareja a quien había denunciado en tres ocasiones. A esta mujer las denuncias previas no le sirvieron para evitar una brutal muerte a puñetazos y patadas.
Tampoco Mónica, de 29 años, ha podido evitar ser apuñalada y arrojada por la ventana, presuntamente por su marido, que se entregó después en el cuartel de la Guardia Civil. A este hombre le constaban precedentes que la víctima no llegó a denunciar. Sin embargo, una vez más, no se pudo evitar la tragedia.
Es importante hacer hincapié en que para frenar a los maltratadores no hay otro camino que denunciar las agresiones.
El objetivo de los recursos puestos a disposición de las víctimas tiene que tener como primera consecuencia el señalamiento del maltratador. Tienen que quedar bajo el radar de la administración de justicia y de las fuerzas de seguridad del Estado pero igualmente importante es que los agresores entiendan que las conductas violentas hacia la mujer son pasan impunes.
La ley debe caer con todo su peso en el agresor y es necesario apuntalar la ley de violencia de género aportando los recursos necesarios para su cumplimiento efectivo, pero lo importante es siempre la víctima y esa condición la tienen todas las mujeres que sufren malos tratos sean físicos o psicológicos. No es necesario padecer una agresión para ser considerada una víctima, sino que toda mujer que se considere víctima, que denuncie, lo es. Y por tanto existe la obligación desde el punto de vista legal, policial y social de hacer que se sienta segura.
Hoy en día se suceden los episodios de asaltos machistas que multiplican el impacto sobre las mujeres que han sufrido maltrato y generan una sensación de inseguridad que no deben padecer.
Tampoco debe ocurrir que tengan miedo de denunciar la situación violenta que puedan padecer. Existen multitud de recursos para acompañarlas, ampararlas y defenderlas pero si no son vistos como parte de la solución sino como un riesgo o un agravamiento del maltrato se desperdiciarán. Castilla y León puede y debe ser modélica en protección a las víctimas como lo es en otros campos sociales de gran complejidad. Es una cuestión, también, de determinación.