Protección para el lobo pero también para la ganadería
«MAZAZO», «error de bulto», «tomadura de pelo». Estos fueron algunos de los calificativos utilizados por las organizaciones agrarias tras conocer la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica que blinda el lobo al sur del Duero. El departamento que dirige en funciones Teresa Ribera amplía así la protección a este cánido, antes limitada a Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, a las comunidades de Madrid y Castilla y León. Y lo hace incorporándolas al listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo de especies amenazadas.
El Ministerio justifica su decisión en la necesidad de adaptar la normativa española a la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Las poblaciones españolas de lobo se encuentran incorporadas en dos anexos de esta directiva, con dos regímenes de protección distintos en función de su diferente estado de conservación. Las situadas al norte del Duero pueden ser objeto de gestión, en tanto que las del sur están «estrictamente protegidas».
El lobo ya es una especie no cinegética en estas zonas, pero la Junta apuesta por abatir ejemplares cuando existan daños a las cabañas ganaderas o a los cultivos. Esta posibilidad desaparece por el momento, si bien el departamento de Ribera, junto con el de Agricultura, Pesca y Alimentación, está trabajando «activamente» para promover la coexistencia de las actividades humanas con la conservación del lobo, según indicaron ayer. Las soluciones apuntadas consisten en elaborar un catálogo de medidas preventivas para mitigar el conflicto entre este cánido y la ganadería extensiva, así como un plan de seguros que cubra las indemnizaciones por daños al ganado.
Ninguna de estas dos fórmulas convence a las organizaciones agrarias, que ayer reaccionaron con dureza contra la Orden Ministerial, entre otras cosas, por desconocer la realidad de la presencia del lobo en las provincias de Ávila y Salamanca. Asaja, la alianza UPA-COAG y la UCCL coinciden en que este cánido no está en peligro de extinción sino que, por el contrario, existe una «superpoblación» en la Comunidad, donde las Opas cuantifican más de 2.000 ejemplares. A esto añaden los daños ocasionados en el ganado, que el año pasado habrían crecido un 40% hasta cerca de los 2.000. Siete de cada diez ataques de lobos y dos de cada tres muertes se habrían producido al sur del Duero, según las organizaciones agrarias.
Así pues, el nuevo Gobierno debería tener en cuenta esta realidad a la hora de implementar medidas, en colaboración con la Junta de Castilla y León, para que la protección del lobo vaya acompañada, en la misma medida, de la protección al ganado.