Ante la pertinaz realidad, cambio
Ya tres años, tres años desde que este diario me brindara la ocasión de interesarse por mi ‘mirada a Castilla y León’, comunidad que, afirmaba, «detesta los sueños de los pueblos rotos», que no soporta por más tiempo el éxodo de sus jóvenes, que ya hoy no callará más ante la desconsideración de sus dirigentes, y a la vez clama porque Europa recupere su dignidad, y es que mi mirada frente a la despoblación es dispar.
Despoblación, desvertebración, desequilibrio, desigualdad, pobreza, cambio climático o migración, conceptos, todos, incorporados a nuestros discursos cuando los políticos queremos captar la confianza de aquellos a los que pretendemos representar, pues es ya de todos sabido que son aceptados e interiorizados mayoritariamente por la sociedad como los retos a superar, pues el objetivo lo es de tal magnitud, que no es otro que la preservación social y generacional en el planeta.
En torno a estos desafíos se constituyen alianzas entre estados, entre gobiernos regionales y también locales, se incorporan a las ideologías que pretendan adhesiones de masas, y es sobre parámetros de sexo, religión, raza o edad desde donde líderes, pensadores y analistas debaten, diagnostican o proponen como neutralizar o atenuar los efectos y consecuencias que ocasionan, en cambio, es aún marginal la consideración de la incidencia y oportunidad transversal que esos retos planetarios, sin excepción, encuentran en el ámbito rural, si alguien aún no lo sabe, Castilla y León, es rural.
Naciones Unidas lo incluye en la Agenda 2030 como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, imprescindible para alcanzar la transición ecológica justa, pues es sabido que la suficiencia energética, alimentaria, hidráulica y ambiental de los habitantes del planeta, depende sustancialmente de la persistencia de la población que habita en el espacio rural, el 80% del territorio es habitado por solo el 20% de la población que lo cuida, gestiona, conserva y transforma, compensando así la grave huella ecológica y demanda desproporcionada de recursos de las ciudades, protagonistas, eso sí, en todos los foros, con sus proyectos bienintencionados de restitución o recuperación de una pequeña parte del daño causado.
Permítanme, en Castilla y León, después de más de tres décadas empecinada en no hacer frente a una gestión y distribución del gasto público coherente con los contenidos de discursos ecologistas, ideológicos, solidarios y éticos, continúa destinando recursos y desarrollando estrategias públicas para con el mundo rural desde el prisma de la subvención o el subsidio, cuando lo que realmente corresponde al espacio rural es que sea compensado económicamente, cumpliéndose así con los tratados internacionales y las leyes vigentes, por los servicios ecosistémicos que presta al resto de los ciudadanos que habitando en las urbes se benefician.
Actitud de mal pagador y pusilánime, que persiste sin hacer frente a la competencia autonómica exclusiva de la ordenación del territorio, incumplimiento sistemático y flagrante de nuestra legislación, así, la tan manida Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno de Castilla y León, fue utilizada a modo de entretenimiento y distracción en el marco de la disputa partidista, cuan justificación torticera para incumplir nuestro propio Estatuto de Autonomía, y hurtar al mundo rural de cientos de millones de euros que este debería haber recibido durante los últimos cuatro años, a través del Fondo Autonómico de Compensación y en los Planes de Convergencia Interior Plurianual.
A lo anterior uno la actitud complaciente y nada reivindicativa de nuestra clase dirigente ante los sucesivos gobiernos de España, de lo que en derecho corresponde a una comunidad autónoma, habitada por más de 2 millones y medio de personas, en la que, aproximadamente el 50% vive en ciudades de más de 20.000 habitantes, 15 para ser exactos, mientras que el resto habitan en las zonas rurales, en un extraordinario entramado de asentamiento, de 2.233 municipios, que ofreciendo óptimas oportunidades, sufre desde hace tiempo procesos generalizados de pérdida de población, diáspora de nuestros jóvenes y altas tasas de envejecimiento, y que a pesar de esa falta de leal exigencia, el territorio de Castilla y León, y su escasa y desigualmente tratada población, continúa siendo la oportunidad de equilibrio estratégico y sostenible para el resto del Estado.
Cuesta trabajo, salvo por que sea más cómoda la subyugación, creer que no se haya visto necesario exigir una distribución del gasto público desde una perspectiva de vertebración y ordenación territorial que hagan de la prestación y acceso universal de los servicios públicos una plasmación de la igualdad Constitucional entre aquellos que residen en el territorio rural y el urbano, pero estamos a tiempo de aprovechar que hay una gran sensibilidad en torno al futuro de las condiciones de habitabilidad en el planeta, para recordar con firmeza y lealtad que haga frente al pago de esos servicios ambientales que presta Castilla y León, conminándo al resto del Estado a una gestión sostenible y responsable de lo público.
Tres ejemplos, una infraestructura deportiva en el País Vasco ha de ser integralmente renovada al cabo de diez años según su normativa, debe aguantar un poco más, eso si, no tanto como aquí, las diferencias salariales que los prestadores de servicios básicos esenciales, médicos o maestros, por citar alguno, que disfrutan en Cataluña, o como Madrid, disponiendo de una superficie medioambiental protegida veinte veces menor que en nuestro territorio, cuadruplique los recursos económicos, me hace creer que cuando paguen por los servicios que les prestamos, disminuirá el desequilibrio, será más atractivo vivir en Castilla y León, tendrá más y mejores servicios, dotaciones e infraestructuras y habrá una mayor igualdad de oportunidades.
Una última reflexión que tiene que ver con mi personal mirada frente a la despoblación, circunstancia que, si, afecta a Castilla y León, también a España y al resto del viejo continente que hoy avejentado languidece, pero no tanto porque pierda competitividad productiva, ni siquiera porque esté poniéndose en riesgo la sostenibilidad financiera de las pensiones y servicios públicos por ausencia de cotizantes, pues sólo la Europa ‘narcisa’ puede creer que la despoblación es un problema en un planeta que crece progresivamente en población, la miope y cobarde estulticia de Europa le hace quebrar en su principal seña de identidad histórica, la humanista, consintiendo la miseria y la muerte de millones de personas, que obligados vienen, quedan bloqueadas en sus fronteras, cuando no convierte el Marenostrum la fosa común de nuestra indignidad.
Propongo, si, propongo no más dejación política de quienes representen a quienes habitan en el mundo rural, sobran argumentos de peso para exigir una distribución equitativa del gasto público disponible integralmente con criterios, vigentes en la actual Constitución, de vertebración del territorio e igualdad de oportunidades y, por último, y no lo menos importante, que Europa recupere la senda de su dignidad, lidere cómo ha de gestionarse la convivencia de los seres humanos, para ello los parlamentos, las leyes y las fuerzas y cuerpos de seguridad de sus Estados, aparque el miedo a aquel que viene de lejos, pues nadie es dueño del planeta en que habitamos y la migración es garantía de sostenibilidad y solvencia.
Como no se trata de cubrir el expediente ‘hoy’, y el objetivo es ‘mañana’, enfrentémonos políticamente a la magnitud del desafío, y que el rendimiento electoral inmediato deje de ser la prioridad, pues si hoy no lo hacemos por convicción, mañana lo haremos por necesidad; lástima de tiempo perdido y del sufrimiento provocado.