Un desafío conjunto que requiere de una respuesta unitaria

Las `dos Españas´. Dónde urge actuar

EL BALANCE poblacional de los últimos diez años en España arroja una leve subida de población de casi 600.000 personas. Pero, como dice el refranero popular anglosajón, «el diablo está en los detalles». Y es que en el desglose por territorios observaremos una conclusión evidente: la existencia de dos ‘Españas’ -y no precisamente en función de su perfil ideológico-: la ‘España que crece’ y la España ‘vacía’ o, también, ‘la España atendida’ y la ‘España olvidada’.

Mientras las provincias del arco mediterráneo, las provincias vascas y Navarra, los archipiélagos y Madrid –debido a los beneficios del efecto de la capitalidad del estado, de la foralidad propia o de la conectividad marítima y comercial- suman un crecimiento poblacional de 900.000 personas, en el lado opuesto de la balanza nos encontramos con las 26 provincias del interior cuya población decrece en 345.000 personas.

Y, de entre ellas, destacan los territorios del noroeste peninsular. Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura son, por ese orden, las autonomías que más población han perdido en estos últimos diez años, sumando casi el 90% de la pérdida poblacional de las comunidades del interior y noroeste español. Por tanto, ya tenemos los claros protagonistas de esta crisis demográfica.

Los motivos

En lo tocante a los motivos, podemos afirmar que en los saldos demográficos de un territorio influyen variables de naturaleza endógena y exógena. En nuestro caso, podrían agruparse en torno a nuestro carácter peninsular y al histórico desequilibrio en el desarrollo de los territorios en España, especialmente desde la revolución industrial en el siglo XIX y mantenido durante todo el siglo XX.

Estas dos realidades han supuesto una mayor incidencia negativa en los territorios situados en el noroeste por estar alejados del eje de salida natural a Europa, por la histórica falta de relación entre España y Portugal y por el histórico déficit de infraestructuras. Todo ello provocó –y provoca aún hoy- el desplazamiento de población desde estos territorios hacia los que actualmente siguen siendo hoy receptores de inmigración nacional, produciéndose la más preocupante descapitalización que puede sufrir una sociedad, la referente al factor humano.

De la despoblación a la crisis demográfica: el factor cualitativo

Hay que apuntar también que la pérdida de población se convierte en crisis demográfica cuando le sumamos el aspecto cualitativo. En España, la población mayor de 60 representan un 4% más respecto del total de la población y, lo que es peor, los menores de 35 representan un 6% menos. Es decir, se pierde población y se pierde población en edad laboral, en edad de iniciar proyectos de vida, con lo todo lo que ello conlleva, evidenciando que, si bien el prisma cuantitativo es un problema solo para una parte de España, el cuantitativo es común a toda la nación.

Las consecuencias

Las consecuencias de esta crisis demográfica son duraderas, de calado y transversales. El equilibrio de la pirámide poblacional es la clave para la sostenibilidad de nuestro sistema económico y social en el más amplio sentido de la palabra. La crisis demográfica afecta, primero, al mantenimiento de los instrumentos para sustentar nuestro estado de bienestar, como pueden ser el sistema de pensiones o el nivel de calidad de servicios públicos básicos. Un sistema que ya hoy, a falta de reformas estructurales, se financia mediante deuda pública, algo insostenible si quiera a medio plazo.

En segundo lugar, afecta a la sostenibilidad medioambiental. La despoblación de las comarcas y la desaparición de toda actividad económica van a provocar importantes daños y desequilibrios medioambientales, como, por ejemplo, un mayor número de incendios.

Por último, pero no menos importante, la desaparición de población del medio rural afecta a la sostenibilidad, entendida como mantenimiento y transmisión, del importante poso cultural, tradicional y costumbrista de decenas de comarcas españolas. Un rico e histórico patrimonio que se puede perder para siempre si no revertimos este proceso.

Las soluciones

Ante esta realidad se requieren soluciones inmediatas que sean diseñadas y ejecutadas bajo la unidad de acción y coordinación de todas las administraciones españolas y comunitarias. Situar el debate de la despoblación en primera línea de actualidad es primera condición para avanzar. En este punto se ha avanzado, aunque más despacio de lo que requeriría la situación.

Ejemplo de esa visibilidad es que la UE está poniendo en marcha planes para las áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa –SSPA-. Esta estrategia es del todo insuficiente para España - incluye actuaciones para los territorios con una densidad poblacional de hasta 12.5 hab/km2 -ya que solo Soria, Cuenca y Teruel serían beneficiarias de estas medidas. Quedarían fuera territorios que, aunque con una densidad mayor provincial por tener núcleos urbanos más poblados que las anteriores, cuentan con numerosas y extensas comarcas muy por debajo de ese ratio. Con esta decisión, la UE comete el error, por un lado, de mezclar entornos urbanos con rurales en su análisis y, por otro, de dejar caer los índices de densidad en muchos territorios hasta niveles de los que luego se requerirá de un esfuerzo mucho mayor para recuperarlos.

En este punto, el Gobierno de España debería jugar un papel decisivo comenzando, primero, por ampliar los territorios objetivo –descendiendo el nivel analítico a las comarcas en lugar de las provincias-, y siguiendo por conseguir que las instituciones comunitarias asuman el factor de la dispersión y la despoblación en los criterios de reparto a la hora de diseñar sus planes e instrumentos económicos. Y, por cierto, qué mejor patrón para este capítulo que el propio Gobierno de España, por aquello de predicar con el ejemplo, se aplicara el cuento en su propia acción política y planificación presupuestaria.

Como decía antes, las soluciones han de ser transversales y coordinadas. Por ello, sería interesante poder crear un organismo estatal que gestionara estas soluciones. Un organismo totalmente apolítico, compuesto por expertos acordados por amplio consenso y cuya función sería realizar análisis y proponer soluciones específicas a cada caso.

A grandes trazos, esas soluciones pasarían, primero, por la aplicación de medidas económicas como la creación de espacios de fiscalidad especial en los territorios afectados, utilizando la comarca –o equivalente- como unidad administrativa para el análisis. De esta manera focalizaríamos nuestro esfuerzo donde más incidencia tiene, el medio rural.

En segundo lugar, la conciliación familiar, con medidas como la racionalización de los horarios laborales o la implantación del trabajo a distancia a tiempo parcial. Si queremos que se incremente la natalidad, corresponsabilicémonos –políticos, empresarios y trabajadores- de facilitarla. La demanda interna es parte vital de la salud económica de un país. Tengamos todos, pues, mirada larga y actuemos con responsabilidad.

Por supuesto, un plan de inversiones en la conectividad -de calidad y a precios razonables- del medio rural para hacer desaparecer la brecha digital que padece. Enlazado con este punto, la accesibilidad a todos los trámites y gestiones administrativas por vía electrónica y el fomento de la economía colaborativa. Esta última, un más que posible punto de apoyo a la hora de mejorar en terrenos como la movilidad o el crecimiento de los negocios en el campo del comercio electrónico.

Por citar una última propuesta, se ha de favorecer la creación de un tejido industrial artesanal ligado a la transformación de los productos de la tierra que complete lo máximo posible la cadena de valor de las materias primas de esos territorios con medidas como adaptar el nivel de dificultad de las normativas y procesos a los micro y pequeños negocios habituales del medio rural.

Estas medidas son solo un esbozo del amplio margen de actuación que tenemos. Pero hemos de avanzar más rápido y más coordinados. Muchas cosas importantes dependen de revertir la crisis demográfica en España y espero que, en el nuevo periodo que se abre tras los procesos electorales de esta primavera, todos, con el liderazgo del Gobierno de España, nos comprometamos a atender esta cuestión de manera inmediata y coordinada. Desde luego, por mi parte, mi compromiso, y lo dejo patente de nuevo, es absoluto.