La caza regresa bajo la salvaguarda de la nueva ley
LA SUSPENSIÓN QUE le aplicó elTribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón supuso un varapalo un varapalo para los miles de aficionados a la caza. Una actividad que genera riqueza a la economía de la Comunidad.
La reacción de la clase politíca, de todo, pero evidentemente liderada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la competente en esta materia, no se hizo esperar y sacó adelante una nueva ley como salvaguarda. Tras la suspensión parcil por parte del Tribunal Superior de Justicia de la actividad por una reclamación del partido animalista Pacma, los partidos políticos unieron fuerzas para sacar adelante una reforma que permitiera su puesta en marcha antes de finalizar la legislatura. Algo que se logró después de que la ley establezca que la caza es una actividad que debe ejercitarse de manera «racional y ordenada» para garantizar el estado de conservación «favorable» de las especies. También establece también que la caza es «determinante» para la conservación del patrimonio natural y el equilibrio de los ecosistemas y de la fauna.
Para ello, el Gobierno autonómico lo argumenta con datos. En Castilla y León, más del 88% de la superficie son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. La Junta afirma que la actividad cinegética se ha demostrado en los últimos años como la «herramienta de gestión y control más eficaz» de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico y evitar posibles epizootias y zoonosis, tales como la tuberculosis bovina, la peste porcina africana, etc.
La nueva ley también se acuerda del mundo rural y destaca la importancia que tiene esta actividad en las zonas menos industrializadas o pobladas. Destacando que los ingresos obtenidos de la misma constituyen su «principal» fuente de riqueza y, por tanto, «evitar la despoblación del medio rural». También apuntan que las cifras de siniestralidad que ocasiona la fauna silvestre cinegética constituyen un motivo de preocupación en todos los países de la Unión Europea. Las políticas públicas de seguridad vial exigen la reducción de los efectivos.
Cifras, datos y argumentos que vienen a evidenciar la importancia de la nueva normativa legislativa, que viene a blindar la caza como una actividad de vital importancia y que genera riqueza en la Comunidad. Ahora es de esperar que esta norma no sufra un nuevo freno ante posibles recursos futuros. La reacción política está bien, pero la nueva ley debe estar bien razonada y argumetada para evitar contratiempos futuros.