Aquí y ahora
La despoblación se ha convertido en el principal problema al que los representantes públicos de esta comunidad estamos obligados a hacer frente. Que Castilla y León venga, en la última década, perdiendo una media de más de 15.000 habitantes al año, 5.000 de ellos en León, es un drama ante el que no podemos sustraernos, porque es el origen de otra serie de desequilibrios que ponen en peligro las propias bases de nuestra sociedad.
Es evidente que la búsqueda de soluciones para problemas tan complejos no puede ser ni unidireccional ni todo lo rápida y milagrosa que desearíamos. Los procesos demográficos están influidos por múltiples factores y múltiples tiene que ser las medidas para revertir una situación que, por otra parte, ya no admite más demoras. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el problema de la despoblación en una de sus prioridades con el nombramiento inmediato de Isaura Leal como alta comisionada frente al Reto Demográfico, cuyas primeras conclusiones y estrategias están a punto de darse a conocer, nueve meses después de su toma de posesión.
La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico tenía que haberse presentado al finalizar el año 2017, pero el Gobierno del PP lo incumplió. Sirva también como contraste que en 2005 las Cortes autonómicas acordaron sacar adelante una Estrategia de Lucha contra la Despoblación cuyo fracaso, por la falta de compromiso de la Junta, es tan evidente como la pérdida de 100.000 habitantes desde entonces. Más de 175.000 son los habitantes perdidos en esta comunidad desde que el PP la gobierna. Una población equivalente a toda la provincia de Zamora.
Castilla y León superaba con creces a mediados de los años 90 del pasado siglo una población de 2,5 millones de personas. Inició el nuevo milenio por debajo de ese umbral y sólo volvió a recuperarlo entre 2005 y 2013, curiosamente, en unos años en los que se adoptaron desde el Gobierno de España, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, medidas de aliento a la natalidad como el cheque bebé. La llegada de la crisis truncó ese ritmo ascendente a partir de 2009 y la comunidad no ha parado de caer hasta los 2.409.164 habitantes del último padrón del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al 1 de enero de 2018. Algo similar le ha ocurrido a la provincia de León en el umbral del medio millón de habitantes. Ahora supera, por poco, los 460.000.
Factores ya referidos como la crisis han tenido mucho que ver en la terrible sangría poblacional de la última década. La gente se ha tenido que ir fuera en busca de trabajo y se frenó en seco la inmigración, fenómeno que más claramente ayudó a equilibrar la tasa descendente en los años de recuperación poblacional. Pero también hay que tener en cuenta cuestiones como las políticas de recortes del Estado del Bienestar en los últimos mandatos, cuyo efecto más visible ha sido el menoscabo de servicios como el sanitario, y en especial en el medio rural, muy castigado ya por la lacra de la despoblación.
Los socialistas venimos desde hace años advirtiendo del problema y proponiendo medidas. Entre ellas destacan la elaboración de un mapa de la despoblación en España que, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, defina los diferentes niveles de riesgo, en función de los cuales se apliquen criterios compensadores para el mantenimiento de servicios básicos y el incentivo de políticas de activación económica y creación de empleo.
Los socialistas abogamos por una alianza de país, por el consenso y por la igualdad de los servicios públicos en el mundo rural y urbano como medidas para combatir la despoblación. También reclamamos que las políticas de cohesión europeas no se recorten y que los fondos estructurales incluyan dotaciones para atajar un problema que también afecta a la Unión Europea y no solo a España y a Castilla y León.
En esta línea, el Parlamento Europeo aceptó recientemente varias enmiendas que suponen que cuestiones como la despoblación y el envejecimiento sean, por primera vez, criterios tenidos en cuenta para el reparto de los fondos de cohesión que llegan de la UE. También que las necesidades específicas de las áreas y regiones más afectadas por el cambio demográfico se conviertan en líneas de acción prioritarias. La alegación presentada por la eurodiputada del PSOE Iratxe García ha incorporado al debate criterios que benefician de forma especial a Castilla y León. No solo se tiene en cuenta la dispersión territorial o la densidad de población, sino también a aquellos territorios que en la última década han perdido población.
Sobre la mesa ya están cuestiones como la regla de gasto o la situación financiera de los ayuntamientos, la posibilidad de bonificaciones fiscales para incentivar la actividad económica en el medio rural, impulsar el empoderamiento de la mujer en el mismo ámbito territorial, las medidas para el retorno del talento y las oportunidades ligadas a nuevos paradigmas como la economía circular o el aprovechamiento de los recursos.
En este sentido, quisiera exponer aquí con mayor detalle una de las propuestas surgidas desde el PSOE de León, como ejemplo de las líneas de actuación que pueden barajarse. Se trata de lo que hemos denominado Plan Forestal de Asentamiento Demográfico. El asentamiento poblacional en el medio rural es una de las mayores necesidades de la provincia leonesa y una forma de conseguirlo es apostar por uno de sus principales recursos sostenibles: los aprovechamientos forestales, que hay que afianzar y desarrollar como se merecen.
Las actividades forestales implican a múltiples sectores como el resinero, el maderero, el micológico o el apícola. Pero en su mayoría son de carácter temporal, por lo que se propone la creación de una renta que los beneficiarios percibirían los meses que no están dedicando a la actividad forestal principal. A cambio, dedicarían jornadas de trabajo a mejorar los montes con repoblaciones, limpias o labores de prevención de incendios. Esos trabajos estarían diseñados y supervisados por secciones forestales y agentes medioambientales. El plan estaría destinado a personas que realicen la actividad por cuenta propia o ajena, acreditando su temporalidad y su residencia en el ámbito rural.
Otro de los recursos de los que la comunidad es ya una potencia reconocida es su producción agroalimentaria. León, por ejemplo, es la provincia de España con más sellos de calidad de España. Es básica la apuesta por el sector agropecuario y agroalimentario, los que más población han fijado tradicionalmente al medio rural. Pero también es necesario dar un impulso a su adaptación a la revolución tecnológica que está en marcha. Por ello, es imprescindible establecer un plan de conectividad y fomento del uso eficiente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El innegable que el problema de la despoblación es tan complejo como grave, pero hay que reconocer que, por fin, se ha convertido en cuestión de primer orden dentro de las preocupaciones de la sociedad y sobre la que las administraciones han colocado todos los focos. Es un primer paso al que deben seguir los sucesivos porque el peor enemigo al que puede enfrentarse una cuestión de tanta importancia es la resignación. No podemos bajar los brazos ni considerar que hemos cruzado en algún momento un supuesto punto de no retorno. Sobre todo, teniendo en cuenta los casos de éxito como el ya paradigmático de las Tierras Altas de Escocia, donde se ha demostrado que la despoblación es un proceso ni inevitable ni irreversible. Lo que está en juego es algo tan importante como nuestro futuro, un futuro que no está escrito, un futuro que tenemos que empezar a construir aquí y ahora.