Un cambio de norma que debe blindar la caza

QUE LA CAZA es un recurso cinegético es algo que nadie niega. Pero, además, es una actividad con un enorme potencial económico y turístico en la Comunidad. Eso es lo que viene a tumbar el TSJ cuando, atendiendo a un recurso animalista, prohíbe cazar en la Comunidad.

Eso es así y es una certeza, pero no lo es menos que esta prohibición llega porque desde la Administración no se han hecho bien las cosas porque, de haberse realizado correctamente, los magistrados del alto tribunal no habrían atendido el recurso animalista.

Y la mejor demostración de que es así, que ese decreto en el que se fijaba las especies a proteger no era lo correcto es la Proposición no de Ley que se acaba de tomar en consideración en las Cortes y que es el primer paso para voltear la situación y anular esa prohibición de cazar.

Lo que es de esperar es que, ahora sí, este blindaje de la caza se haya hecho de acuerdo a la ley y ningún otro recurso pueda volver a frenarla. Sobre todo, porque los animalistas avisan ya que ese cambio normativo puede truncarse en el Constitucional, lo que sería un nuevo varapalo de difícil justificación.

El terremoto desatado por el auto del Tribunal Superior de Justicia prohibiendo la caza de forma cautelar sigue teniendo su onda expansiva, contra esta medida tan extrema y que tanto daño puede hacer a un sector que moviliza muchos millones en la Comunidad y, de rebote, también a la agricultura y la ganadería.

Un día después de conocerse la resolución judicial, el consejero de Fomento y Medio Ambiente,Juan Carlos Suárez-Quiñones, pasó de los lamentos a un ejercicio de responsabilidad para frenar el desaguisado provocado por ese decreto sobre especies cinegéticas mal hecho, según indicaba la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Valladolid.

Ayer mismo, miles de cazadores, ganaderos y agricultores exigían a las puertas de las Cortes soluciones políticas a un problema creado por la gestión política. Y lo hacían con argumento y poniendo en valor lo bueno y la labor que hacen los cazadores y la caza bien entendida, que no es otra que aquella que viene prefectamente regulada, que es justo lo que el TSJ evidencia que hasta ahora no se ha hecho bien.

La solución para resolver cuanto antes los efectos del auto judicial era obligada, dada la repercusión económica y en materia de empleo que habría ocasionado, además de favorecer una superpoblación de fauna salvaje que afectaría a la cabaña ganadera, los cultivos o incluso la seguridad vial.