Medio Ambiente prevé ahora fórmulas para asegurar la caza
el terremoto desatado por el auto del Tribunal Superior de Justicia prohibiendo la caza de forma cautelar tuvo su onda expansiva ayer con nuevas reacciones contra esta medida tan extrema y que tanto daño puede hacer a un sector que moviliza muchos millones en la Comunidad y, de rebote, también a la agricultura y la ganadería. Un día después de conocerse la resolución judicial, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pasó de los lamentos a un ejercicio de responsabilidad para frenar el desaguisado provocado por un decreto sobre especies cinegéticas mal hecho, según indicaba la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Valladolid.
De entrada, el titular de Medio Ambiente convocó una reunión urgente de los colectivos afectados, entre ellos las organizaciones agrarias y los representantes de los cazadores, con el fin de tranquilizarlos y avanzar medidas para resolver el problema lo más rápidamente posible. La fórmula prevista para sortear la resolución de la Sala, que aún debía entrar en el fondo de la denuncia formulada por la asociación animalista Pacma, consiste en una modificación legislativa exprés.
Para ello, ante la premura por proceder a la reforma de la Ley de Caza cuando apenas quedan dos meses para que termine la legislatura, se buscará el trámite más ágil, que es la presentación de una proposición de ley por parte del Grupo Popular, que de momento cuenta con el respaldo de los socialistas y de Ciudadanos. Mediante esta proposición, se incluirá en la Ley de Caza la relación de las especies cinegéticas.
De este modo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente entiende que se corrigen elementos del auto del TSJ que anuló el decreto que regulaba la conservación de las especies cinegéticas en la Comunidad, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. De presentarse un nuevo recurso, sólo cabría hacerlo ante el Tribunal Constitucional.
La solución para resolver cuanto antes los efectos del auto judicial era obligada, dada la repercusión económica y en materia de empleo que habría ocasionado, además de favorecer una superpoblación de fauna salvaje que afectaría a la cabaña ganadera, los cultivos o incluso la seguridad vial.
Esperemos que la proposición de ley anunciada ayer surta efectos cuanto antes, pero la Consejería que dirige Suárez-Quiñones debería ser más rigurosa en la redacción de sus textos normativos para que un episodio como éste, que sucede a la anulación por el Tribunal Constitucional del Plan del Lobo, no vuelvan a producirse.