Varapalo del Constitucional por frenar la comisión eólica

«PANORAMA DE RESTRICCIÓN» , «perturbación en la ejecución natural de sus tareas» o una dinámica que «paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora su finalidad», además de que «restringe» el trabajo de los procuradores son algunas de las expresiones que utiliza el Tribunal Constitucional en la sentencia con la que la da razón al Partido Socialista de Castilla y León contra la paralización de la comisión de la trama eólica y el caso de la Perla Negra.

Sentencia del máximo Tribunal español que supone todo un varapalo al Partido Popular en su cerrazón en mantener aparcada y bloqueada una comisión de investigación sobre la trama eólica, que lleva más de año y medio sin ser convocada y paralizada, sin más justificación que aquella que tenía que ver con no entorpecer la la investigación judicial.

Argumento que de aplicarse al resto haría que no se pusieran en marcha ni una sola de las comisiones de investigación. Sin ir más lejos, la de la cajas que sí se ha reunido en tiempo y forma, aunque sin clonclusiones conjuntas, y lo ha hecho mientras se mantenían en marcha varias investigaciones judiciales. Pero es que el mismo Partido Popular en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, está promoviendo difentes comisiones investigadoras.

Los ‘populares’ dicen ahora, una vez que el Tribunal Constitucional tumba el acuerdo que paralizó la comisión, que están dispuestos a convocarla. Claro que tienen que convocarla, pero no porque les obligue el Alto Tribunal, que también, sino por voluntad política y no por ese imperativo legal que ahora les impone el Constitucional.

Y sino cree en ella, que lo diga y que apueste por cerrarla. Lo que no puede hacer es mantenerla abierta pudriéndose en el tiempo y sin hacer nada para habilitarla. Lo que tiene que hacer es convocarla inmediatamente porque cada día que pasa sin hacerlo es un descrédito para dar transparencia a un caso que ya está judicializado.

Siempre se ha criticado a la Justicia cuando es lenta. Pues de la misma manera no puede ser que la política se demorene y dilate en el tiempo sus tramitaciones y lo haga sin un argumento de peso que lo justifique.

Hasta el propio Tribunal Constitucional, que conviene recordar es el garante del cumplimiento de la Carta Magna, deja claro en su sentencia el «interés público» de lo que se debe tratar en la comisión de investigación de las eólicas y no sólo por sus contenidos, sino porque «el desarrollo de la misma era expresivo de un control al Gobierno». Afirmaciones que, además del consabido varapalo, vienen a demostrar la la obligatoriedad de convocar ya y de una vez por todas la comisión.