Cambios de calado en proyectos de minería no energética
EL GRUPO Parlamentario Popular presentó en diciembre una Proposición de ley que se encuentra ahora en proceso de enmiendas para modificar dos artículos de la Ley de Urbanismo que facilitarían la implantación de actividades mineras no energéticas en terreno rústico, donde hasta ahora están prohibidas.
La iniciativa popular, que en este caso no procede de la Junta de Castilla y León a través de un anteproyecto, eliminaría esa prohibición, retiraría a los ayuntamientos la potestad de autorizarlo y debería estudiarse caso por caso cada proyecto.
Hasta ahora, la Ley de Urbanismo de 2004 impide expresamente la implantación en suelo rústico de actividades extractivas vinculadas a la piedra natural, a la roca, a los áridos, a la minería metálica y a la industrial, además de a la explotación de manatiales de aguas mineras o termales.
La Proposición de ley se presenta cuando queda muy poco tiempo para que se disuelvan las Cortes con motivo de las próximas elecciones autonómicas y por lo tanto hay dudas de que finalmente pueda prosperar en esta Legislatura.
Su contenido e interpretación enfrentan al PP con los tres grupos de la izquierda regional. Para los populares el cambio normativo pretende incentivar la actividad extractora y generar desarrollo económico y empleo en el medio rural con el fin de «paliar» la despoblación. PSOE, Podemos e IU ven en esta decisión no sólo la retirada de competencias a los ayuntamientos, sino la eliminación de controles que despojaría a los municipios de competencias para impedir el desarrollo de esas minas y canteras.
Los populares cifran en unos 600 empleos los que se podrían crearse con esta modificación, una previsión que el resto de grupos recibe con escepticismo.
Convendría que el debate parlamentario despeje las dudas que existen sobre la forma y el fondo de la presentación de esta iniciativa. Sobre todo, porque su entrada en las Cortes coincide con proyectos presentados y en algún caso con iniciativas rechazadas por las propias comisiones territoriales.
En planes de este calado la transparencia y los controles son imprescindibles, sobre todo para despejar las dudas de quienes consideran que el cambio en la lehislación obedece a intereses de grupos económicos concretos.
En ese sentido, faltan argumentos sólidos para avalar la modificación legislativa. En cualquier caso, sería imprescindible acercar posiciones porque tampoco sería de recibo que se frenaran proyectos que pudieran animar el desarrollo de zonas rurales. Nadie mejor para apoyar esos proyectos que los propios municipios, a los que con el cambio legal se retiraría la comptencia.